Tras cateo, identificaron a dueños del albergue en Tonalá donde niña fue quemada con alcohol

Luego de que una niña de 11 años fue quemada en un albergue de Tonalá, Jalisco, elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía de Tonalá, catearon las instalaciones del y las clausuraron. Sumado a ello, lograron identificar a los dueños del lugar.

Los elementos de seguridad realizaron en el albergue Casa de Vida y Camino a la Fortaleza, localizado en la colonia Santa Isabel, una inspección tras obtener una orden de cateo por parte del juez segundo Penal de Oralidad Luis Alberto Castellanos de La Cruz.

Cabe subrayar que el albergue trabajaba de forma clandestina, pues ni el Ayuntamiento de Tonalá ni la Secretaría de Salud de Jalisco tenían registrada ninguna licencia de operación.

El propio alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, señaló que “el albergue no tenía licencia, teníamos nada más el registro de 26 de este tipo de clínicas”. Agregó que considera necesaria una revisión a fondo de estos lugares y recordó que la agresión no fue reportada a las autoridades municipales.

Es de recordar que durante la inspección, agentes del Ministerio Público encontraron material de curación, medicina controlada, entre otros implementos médicos.

Por su parte, los peritos en criminalística hallaron cuerdas que supuestamente serían para amarrar a personas, además de rastros de comida en mal estado.

El lugar estaba vacío pero aún había camas, ropa y una finca de dos plantas. Algunos testigos apuntaron que en el lugar solo se atendía a personas mayores de edad, aunque la madre de la víctima dijo que había otros menores de edad que acompañaban a su hija.

Debido a que en el momento del cateo el albergue ya había sido abandonado, las autoridades no concretaron la detención de ninguna persona, no obstante, recogieron las indagatorias correspondientes y clausuraron el lugar colocando sellos y soldaduras en las puertas.

De acuerdo con Milenio, los propietarios son Roberto Flores García y Rita Ramón Delgado, quienes se encuentran casados. Se encargaban de cobrar entre 300 y 500 pesos semanales para “cuidar” a personas con problemas de alcoholismo, drogadicción y mala conducta, principalmente.

Rita Ramón no tiene alguna profesión o carrera técnica que esté enfocada al cuidado de personas que requieren atención especializada. Por el contrario, en datos del personal de la Policía Investigadora, antes trabajaba como conductora del transporte público de la ruta 380 que desapareció hace algún tiempo y que transitaba por la zona metropolitana de la Perla Tapatía.

Fue hace tres años que inició con su esposo el proyecto de hacer un albergue, también llamado anexo, en donde contrató a cuatro personas para el cuidado y terapias de internos que llegaban al lugar por tener problemas de adicción o de mala actitud.

Las autoridades ya los estarían buscando para que comparezcan ante la justicia y brinden su versión de los hechos.

Por lo ocurrido con la menor, la madre exigió castigo a los responsables, pues aseguró que no solo hubo un implicado sino que fueron varias las personas involucradas en el ataque suscitado en Santa Isabel, Tonalá. Asimismo, el lugar podría ser inspeccionado no solo para esclarecer lo sucedido en este caso sino para identificar posibles agresiones a otras personas.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) fue notificada del hecho y comenzó la investigación. Los responsables podrían ser acusados de tortura debido a las heridas que infligieron a la niña de once años, quien fue ingresada al sitio el pasado 30 de junio a causa de ansiedad severa y ataques epilépticos.

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