MCCI: existen siete áreas de riesgo en los contratos del Gobierno de México que acumulan más de 700 mil millones de pesos

Corría el año 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó la Ley Federal de Austeridad Republicana cuya finalidad era eliminar beneficios para funcionarios públicos, así como reducir el presupuesto de las dependencias en gasto corriente e impedir que servidores públicos pasaran a la iniciativa privada. No obstante, tres años después, los resultados para el mandatario tabasqueño no han resultado ser los ideales, motivo por el cual durante su tradicional conferencia matutina de este miércoles anunció que presentará una reforma a dicha ley para instaurar la “pobreza franciscana” entre los funcionarios del Gobierno de México.

Como era de esperarse, una lluvia de críticas se desbordó de forma casi inmediata sobre el mandatario tabasqueño, sin embargo, fue la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) quienes respondieron a la iniciativa del líder del Ejecutivo en México con una puntual investigación que expuso no solo la millonaria cifra de recursos públicos que la autodenominada Cuarta Transformación ha gastado durante el primer semestre de este 2022, sino también las deficiencias e irregularidades que han presentado los miles de contratos asignados por el Gobierno Federal.

Cabe mencionar que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revisó de siete formas distintas las adquisiciones del gobierno para conocer qué y cómo compra ya que entre 2010 y 2022 autoridades mexicanas han entregado un promedio de 383 contratos diariamente los cuales han implicado un gasto de 692 mil pesos cada minuto.

Pese a que en múltiples ocasiones Andrés Manuel López Obrador se ha jactado de aplicar tajantemente su Ley Federal de Austeridad Republicana, la realidad que expuso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) contradice el decir del mandatario tabasqueño pues señalaron que, en lo que va de 2022 el gasto federal se ha acelerado al asignarse más de 722 mil millones de pesos a través de 77 mil contratos, lo que equivale a 2.7 millones de pesos cada minuto en 429 contratos diarios.

Por ello, la asociación civil se dio a la tarea de analizar dicha cantidad de recursos públicos gastados para, de este modo, poder identificar abusos de discrecionalidad, falta de transparencia y violación a las reglas establecidas en las leyes.

Fue así como descubrieron en primera instancia que durante los primeros seis meses de 2022, 78 de cada 100 contratos fueron asignados mediante adjudicación directa, lo que representó una disminución de 3% con respecto al año anterior. Adicionalmente, en el mismo periodo de tiempo se ha gastado de manera atípica en licitaciones públicas, pues aunque 8 de cada 10 pesos fueron asignados por este procedimiento, se identificó el contrato más grande del que se tiene registro, el cual implicó un gasto de más de 400 mil millones de pesos para servicios de telecomunicaciones en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también expuso que 111 dependencias y entidades han asignado más del 50% de sus contratos mediante procedimientos de excepción en 2022. Ejemplos de ello es Diconsa la cual hasta el momento ha gastado casi el doble de lo que tiene planeado -de todo su presupuesto para el año- solo a través de procedimientos de excepción y el IMSS, el cual gastó una cuarta parte de lo que se ha pagado en toda la APF en contratos de excepción.

Asimismo, mientras en 2018 el gobierno entregaba contratos a 51 mil proveedores, en 2022 esta cifra ha disminuido a 24 mil, una reducción de 52%, es decir, el gobierno está gastando más y concentrando ese dinero en menos manos, señaló la asociación civil.

Actualmente hay 192 proveedores que han recibido más de 20 contratos cada año con las mismas dependencias y siempre por adjudicación directa, lo que implica que nunca han competido en el mercado y en conjunto han recibido más de 17 mil millones de pesos.

Dentro de la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también se identificaron 9 mil 113 licitaciones públicas en las que la información del concurso se publicó en la plataforma CompraNet después de haberse asignado al ganador, circunstancia que evidenció una total simulación de transparencia. Bajo ese mismo tenor, hay 140 licitaciones por más de 475 millones que se han realizado en periodos inferiores a 15 días, tal como marca la ley como mínimo, por lo que existe el riesgo de limitaciones a la competencia efectiva.

Con dicho análisis sobre el gasto público en el primer semestre de 2022, la asociación civil realizó un recuento que reveló que la cantidad de recursos públicos que el gobierno gasta contratando personas físicas o morales es “absolutamente monstruosa” pues entre 2010 y 2022 se han gastado 4,548,832 millones de pesos, es decir, más de 4 millones de millones, lo que equivale a 996 millones de pesos diarios, 41 millones de pesos cada hora o 692 mil pesos por minuto.

En el mismo periodo de tiempo, se han firmado un millón 750 mil 695 contratos, alrededor de 383 diarios, mismos que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se dio a la tarea de revisar y para procesar y presentar la información mediante siete formas diferentes.

Dichas siete herramientas servirán para descubrir cómo se gastó el dinero público, los efectos de las malas prácticas en el gasto, los obstáculos que pueden limitar la competencia y las señales que indican cuando el dinero público no está empleado de la mejor manera.

Las siete formas de revisar las compras públicas según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) son:

1.- Conocer el procedimiento que se está usando para contratar

2.- Identificar las instituciones que usan los procedimientos menos competitivos

3.- Revisar los bienes y servicios en los que más se usan los procedimientos excepcionales

4.- Saber como ha cambiado el número total de proveedores

5.- Conocer las empresas que solo han sido contratadas por adjudicación directa

6.- Entender como pueden usarse los plazos en la ley para limitar la competencia

7.- Saber cuales son las justificaciones que dan las autoridades para no usar la licitación

También, la asociación civil utiliza dos mediciones sencillas para dicha tarea las cuales son conocer cuántos contratos se han firmado y por cuánto dinero. Esto permitirá identificar si las compras públicas se concentran en unos cuantos proveedores, mientras que el gasto total permite identificar a los principales beneficiarios y rubros de gasto en los que se concentran las prioridades del gobierno.

Los métodos de investigación de la asociación civil han identificado que en todos los contratos realizados entre 2010 y 2022 la única constante son las irregularidades y que, durante en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las compras continúan con abuso de discrecionalidad, falta de transparencia e injustificaciones a las reglas establecidas en las leyes.

Finalmente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizó un especial énfasis en recordar que la vigilancia de cómo se utilizan los recursos públicos es una tarea ciudadana que no puede detenerse nunca ya que “las irregularidades del pasado siguen tan presentes como antes”.

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