MCCI: Minera Peñasquito dejó sin agua a comunidades de Zacatecas

La crisis hídrica en México no es un fenómeno actual, por el contrario, desde hace años se ha venido advirtiendo sobre las fatales consecuencias que traería para el país y la sociedad no cuidar el vital el líquido, no obstante, las omisiones a dichos avisos han acentuado la escasez últimamente, específicamente en el norte del territorio mexicano.

Si bien la falta de agua en el país está ligada al cambio climático, también el ser humano ha tomado a la ligera las múltiples advertencias y en su afán de enriquecer sus bolsillos, tanto funcionarios públicos como empresas privadas han dejado en segundo plano el cuidado del medio ambiente y del vital líquido, abriendo así paso una vez más a la terrible corrupción que permea cada instancia gubernamental.

De este modo, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso uno de los casos más grandes de saqueo de agua en el país, siendo el estado de Zacatecas en lugar en donde esta desalentadora historia se desarrolla pues es precisamente en el municipio de Mazapil en donde en 2006 se asentó la compañía Newmont Goldcorp a través de su filial Minera Peñasquito.

De acuerdo con lo expuesto por la nueva investigación de la organización civil, antes de que se instalara la minera en esas tierras, la falta de agua no era un problema para los poco más de mil personas que viven en comunidades como San Juan de Cedros, Charcos, Mesas y Nuevo Peñasco al norte de la entidad.

Testimonios recabados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalaron que antes de la llegada de la compañía minera en la zona existía un manantial que proveía de agua a las comunidades aledañas, no obstante, desde hace 7 años sus habitantes comenzaron a batallar por la escasez del vital líquido.

Ahora, el agua que anteriormente abastecía a las comunidades está a disposición de una sola empresa; los habitantes de la región se fueron quedando sin sus pozos debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó a Minera Peñasquito una decena de concesiones para aprovechamiento de aguas nacionales.

Datos de la organización civil apuntan a que en un lapso de siete años, Minera Peñasquito logró tener a su nombre diez títulos de concesión para explotar agua en Zacatecas de las cuales ocho están destinadas a las operaciones de la mina que produce oro, plata, zinc y plomo.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denucnió que la empresa minera consiguió las concesiones de agua sin encontrar ningún obstáculo por parte del gobierno federal y que, por el contrario, obtuvieron todas las facilidades. Asimismo, fue la minera la que realizó los estudios técnicos con los que la Conagua justificó la entrega de concesiones en un territorio cuyas características climatológicas lo llevan facilmente a ser desértico.

Las conseciones que Minera Peñasquito utiliza le permiten disponer de 40 millones 287 mil 380 metros cúbicos de agua, cantidad que alcanzaría para distribuir durante un año 68 litros diarios del vital líquido entre todos los habitantes de Zacatecas.

La mina Peñasquito comenzó sus operaciones hace más de una década; su inauguración contó con la presencia de personalidades como la del entonces presidente Felipe Calderón, la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García; el embajador de Canadá en México, Guillermo Rishchynski así como Ian Telfer y Chuck Jennes, directores de la compañía.

Aunque fue en 2010 cuando arrancó su funcionamiento, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) compartió que los cimientos para que la mina se instalara en la zona se colocaron 16 años antes, pues en 1994 la Minera Kennecot realizó trabajos de exploración e identificó el yacimiento de Peñasquito en el Valle de Mazapil.

Cuatro años más tarde, Western Silver adquirió los derechos de la concesión para la explotación de minerales y fundó la empresa Minera Peñasquito, misma que en 2006 terminó siendo filial de Goldcorp compañía que en 2019 fue comprada por la estadounidense Newmont.

Aunque se dice que Minera Peñasquito se instaló en terrenos que compró o en donde se hizo convenios con los ejidatarios, un estudio realizado por la Universidad Veracruzana acusó al proyecto de ser un caso de “destrucción de territorio y desposesión de las comunidades” que contó con la ayuda de diversas autoridades estatales y federales.

Fue en diciembre de 2006 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto minero siendo Ricardo Juárez Palacios, entonces titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) quien firmó dicha resolución.

Un año más tarde, Ricardo Juárez Palacios renunció a la Semarnat en medio de acusaciones ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la entrega de permisos irregulares en todo el país entre lo que destacaron el del Malecón Tajamar en Cancún.

En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por la compañía en 2006, la Minera Peñasquito expuso que el yacimiento de oro, plata, zinc y plomo podía tener reservas de 335.1 millones de toneladas, no obstante, para su correcto funcionamiento de explotación se requerirían 10 millones de metros cúbicos de agua al año.

Bajo ese tenor, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que en ese documento se detalla cómo las autoridades permitieron que la empresa tomara el control del agua en esa región al norte de Zacatecas. Desde 2004 la minera presentó una solicitud a la gerencia estatal de Conagua para “obtener el agua necesaria para la operación del proyecto minero”.

Cabe mencionar que desde 1988, el gobierno federal declaró una veda en las cuencas hidrológicas del Zacatecas por tiempo indefinido pues se alertaba del riesgo de “sobrepasar la cantidad explotable de los acuíferos, cuya conservación y protección es de interés público”. Por ello, no era posible otorgar concesiones d eagua para uso industrial en la zona donde se estableció el proyecto.

Fue en abril de 2008 cuando, después de múltiples trámites burocráticos y estudios permeados de opacidad, Minera Peñasquito obtuvo su primera concesión para extraer hasta 2 millones 150 mil metros cúbicos de agua al año. A partir de entonces y basándose únicamente en los estudios de la propia empresa, Conagua comenzó a entregar un sinfín de concesiones a la minera.

No conformes con ello, la minera aumentó su capacidad de explotación al descubrir que había reservas de hasta 469 millones de toneladas de minerales, tarea para la que necesitarían más agua y por la cual en 2008 presentaron una nueva MIA para la ampliación del proyecto.

Fue así como durante el gobierno de Felipe Calderón y con la modificación de los estudios de la minera, Conagua determinó que habían 40 millones 346 mil metros cúbicos de agua disponibles “para otorgar nuevas concesiones”, señaló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En cuatro años la mencionada dependencia otorgó cinco concesiones más a Minera Peñasquito y, para finales del 2014 ya contaba con ocho concesiones que, en total, le permitían disponer de 40 millones 287 mil 380 metros cúbicos de agua al año.

La investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló las afectaciones que los habitantes de comunidades aledañas a la Minera Peñasquito han padecido. Desde la sequía de sus parcelas hasta la pérdida de empleos y afectaciones a su salud.

Debido a la escasez del vital líquido, cada familia de las comunidades del norte de Zacatecas gasta en promedio seis garrafones de agua a la semana, lo que conlleva un gasto de entre 180 y 200 pesos. Del mismo modo, el agua que la empresa manda solo llega en ciertos horarios.

Adicionalmente, testimonios de habitantes señalaron que las y los niños de las comunidades se enfermaron de la piel, les salieron ronchas muy molestas vinculadas a la calidad del agua que consumían en la región o con la que se bañaban.

Hasta la fecha, la Minera Peñasquito continúa operando entre la opacidad e indiferencia de las autoridades, poniendo en riesgo no solo la explotación de recursos como lo es agua sino dejando sin elñ vital líquido a los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto minero.

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