Tren Maya: activistas desenmascararon a los 15 supuestos responsables del “más grande ecocidio en México”

En los últimos días el Tren Maya ha generado más polémica de la que ya tenía, luego de la reanudación de las obras de construcciòn en el tramo 5 sur a pesar de contar con amparos judiciales que concedían la suspensión tanto provisional como definitiva.

Ante ello, diversas organizaciones civiles han reclamado el desacato judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador al designar a su megaproyecto como un asunto de seguridad nacional.

Bajo ese panorama, este jueves 21 de julio se llevó a cabo el evento “La almohada más incómoda”, realizada en el Huerto Roma de la Ciudad de México, en la que participó la campaña Sélvame del Tren y que fue convocada por organizaciones como Selva Maya SOS, Sociedad Civil México y SOS Cenotes.

La presentación se realizó con el objetivo de “desenmascarar” a los 15 principales actores que, por acción u omisión, se refirieron como “los autores del más grande ecocidio en la historia de México: el Tren Maya, un megaproyecto desarrollado con recursos del erario público, sin planeación, sin estudios, sin cumplimiento de la ley ambiental y cuya responsabilidad directa es del Gobierno Mexicano”, aseveraron.

Gemma Santana, activista y una de las organizadoras del evento, advirtió que esta denuncia no se hace con el fin de atacar a estas 15 personas, sino que es un llamado de atención para preguntarles “de qué lado de la historia” quieren estar frente a la crisis hídrica y climática, es decir, si respaldan la obra insignia de AMLO (a la cual calificaron como un “proyecto de muerte”) o deciden frenarla para evitar la afectación a las especies endémicas , los cenotes y mantos acuíferos por donde pasará el tren.

De acuerdo con las y los defensores del medio ambiente, el Tren Maya pone en riesgo las reservas de agua en la región, además de deforestar miles de árboles, amenazar el patrimonio cultural y biológico, afectar a los ríos subterráneos y al comportamiento de la fauna en la zona, principalmente en el Tramo 5, divido en Norte (de Cancún a Playa del Carmen) y Sur (de Playa del Carmen a Tulum), ambos trazos en Quintana Roo.

En esta campaña de denuncia participaron Gemma Santana, Paco Ayala, José Urbina, Gonzalo Monroy y Cosijoopii Montero, activistas medioambientales, quienes exupsuieron que los principales actores, aunque no los únicos, que respaldan la construcción de la obra insignia de AMLO y a quienes acusan de provocar el deterioro de la selva de Quintana Roo son:

1) Daniel Chávez Morán, fundador del grupo Vidanta. Además de ser consejero, también es supervisor de las obras del Tren Maya. Fue uno de los empresarios que recomendó mover el tramo 5 de la carretera al interior de la selva, debido a las afectaciones que tendría en los accesos a los hoteles.

2) Antonio Chaves, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, quien también ejerció presión para que se cambiara el trazo de dicho tramo (que va de Playa del Carmen a Tulum), bajo el argumento de que se generarían conflictos de tráfico en la carretera.

3) Germán Larrea Mota Velazco, presidente de Grupo México, debido al daño ecológico causado en la región del tramo 5 derivado de las obras de construcción.

4) Guadalupe Phillips, directora de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por ser la supuesta responsable de la deforestación de miles de árboles en el tramo 5.

5) Maite Ramos, directora de Alstom México. Se le mencionó por aceptar contratos de millones de pesos para la fabricación de los vagones del tren.

6) Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, debido a su presunta omisión en defender la selva y el acuífero maya. “No ha tenido la capacidad de defender su territorio y a sus gobernados”, indicaron.

7) Efraín Villanueva Arcos, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo, por su nula participación al momento de autorizar resoluciones en materia de impacto ambiental. “Fue cómplice de un proyecto ilegal que está dejando daños incalculables a la selva local”, aseveraron.

8) Karen Castrejón Trujillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Su nombre figuró en la lista debido a su supuesta omisión al momento de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico.

9) Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, por su presunto incumplimiento a la Ley referida con anterioridad. Si bien intentó dialogar con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, los ponentes indicaron que al final “se rindió de dar la batalla contra la ilegalidad”.

10) Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, por respaldar el megaproyecto de AMLO sin contar con estudios previos, así como por permitir el cambio de tramo al interior de la selva. “Dejará una herencia de destrucción e ilegalidad”, advirtieron.

11) Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno de México. Se le mencionó por su supuesta omisión ante la construcción del Tren Maya, pues a pesar de que se han hecho denuncias por el daño ambiental generado, no ha manifestado o realizado ningún acto de clausura en los trabajos del tramo 5.

12) María Luisa Albores González, titular de la Semarnat del Gobierno de México, por haber recibido y autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 a un par de meses de que iniciaran las obras debido a un decreto presidencial.

13) Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por aceptar el cambio del tramo 5 sur sin la justificación técnica ni los estudios ambientales requeridos por la ley, indicaron.

14) Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Su mención fue por su “complicidad” al apoyar y supervisar el Tren Maya, a pesar de su supuesta “ilegalidad y de la destrucción a la selva”, mencionaron los activistas.

15) Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su nombre figuró por no atender el llamado de los expertos y descalificar a los activistas que se oponen a su megaproyecto, además de “ponernos en riesgo ante la pérdida de nuestro patrimonio natural”, aseveraron.

Cabe recordar que el mandatario federal, en su conferencia de prensa del pasado 19 de julio, rechazó que haya incurrido en un desacato a la orden judicial al catalogar el Tren Maya como un asunto de seguridad nacional.

Posteriormente, en la mañanera del 21 de julio, López Obrador advirtió que darán a conocer quién es uno de los demandantes que interpuso un amparo para la detención de las obras del tramo 5 del Tren Maya, toda vez que el quejoso supuestamente primero dio una dirección en Quintana Roo, después registró un domicilio en España, el cual terminó cambiando por uno de Estados Unidos.

“Entonces, nos importa saber quién es, cómo está eso. Y debido a que no hay un domicilio fijo, no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver (…) Pero nos interesa saber quién, porque aquí lo vamos a dar a conocer”, agregó, arguyendo que se trataba de las llamadas “tácticas dilatorias”.

En respuesta, el ambientalista José Urbina aseguró que los defensores son habitantes de Playa del Carmen, de Akumal, de Cancún y de Tulum, por lo que criticó la intención del jefe del Ejecutivo de “rastrear” al promotor del amparo y exhibirlo en sus conferencias de prensa, y agregó:

En entrevista con Infobae México, el también buzo de cuevas, conocido como “Pepe Tiburón”, ahondó más al respecto y aseguró que en ningún momento los ambientalistas o los quejosos han tenido una injerencia en el retraso del amparo o las suspensiones. “Continuamente están sembrando inconsistencias para confundir y distraer la atención”, aseveró.

“Promoví un amparo que fue el primero en obtener la suspensión provisional. No estoy solo. Lo hice con otros buzos, pero ellos prefieren mantenerse en el anonimato y están en todo su derecho”, agregó. Además, el integrante de la campaña Sélvame del Tren indicó que ellos -los buzos- están abiertos al diálogo y que estará hasta el sábado 23 de julio en la Ciudad de México por si el mandatario federal quiere hablar con él.

El nombre del evento La almohada más incómoda surgió a raíz de que un grupo de activistas se dedicó a recolectar los desechos que las obras del Tren Maya ha dejado, como cortezas de árboles, fragmentos del suelo kárstico e incluso basura que se ha generado por los trabajos de deforestación. Con esos pedazos crearon almohadas que representan a cada uno de los presuntos involucrados en el deterioro de la Selva Maya.

El objetivo es entregar las almohadas fabricadas a estos funcionarios y empresarios para que fijen su postura ante la construcción de este megaproyecto, tomando en cuenta el daño ecológico y ambiental ocasionado, además de la afectación al patrimonio cultural y a las comunidades indígenas de la región.

Asimismo, indicaron que pese al “descato judicial” de López Obrador, darán a conocer más nombres de los supuestos responsables del deterioro de la Selva Maya, pese a que los activistas aseguraron estar preocupados por su integridad y la de su familia. “Pero nos da más miedo quedarnos con los brazos cruzados y no defender el conocimiento y nuestros derechos humanos”, indicaron.

Desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya ha sido uno de sus proyectos prioritarios. Pese a los amparos promovidos y las denuncias de múltiples organizaciones civiles que alertan sobre el impacto ambiental de su construcción, se prevé que el primer tramo del proyecto esté funcionando para el 2023.

Este megaproyecto está divido en siete tramos, los cuales abarcan una distancia de mil 500 kilómetros aproximadamente, y pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El objetivo, según la descripción de su sitio web, es “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”.

Sin embargo, es precisamente lo contrario lo que diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado: deforestación de miles de árboles, afectación en los mantos acuíferos, desplazamiento de las comunidades indígenas y de diversas especies de la selva de Quintana Roo, daño al patrimonio cultural en la región, desabasto de agua en la zona de Calakmul, así como el impacto en las áreas naturales protegidas.

Pese a que en un principio el presupuesto para su construcción era de 140 mil millones de pesos (mdp), posteriormente aumentó a 200 mil mdp, aunque debido a los retrasos y los amparos promovidos, su costo podría acrecentarse hasta cinco veces más de lo previsto.

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