ONU-DH condenó el asesinato de defensor indígena en Oaxaca

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condeno el asesinato de Crispín Reyes Pablo, defensor indígena del sur del país, donde lo mataron a disparos la semana pasada.

La ONU-DH denunció en un pronunciamiento que Reyes Pablo trabajaba en el municipio de San Juan Juquila Mixes, en el estado de Oaxaca, cuando lo asesinaron con un arma de fuego el pasado 14 de julio pasado.

Crispín Reyes Pablo era agente municipal de la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria, donde defendía a la población y a 128 familias desplazadas de manera forzosa por la violencia desde 2017.

“El asesinato del señor Reyes Pablo es una trágica evidencia de la situación en la que viven las víctimas de desplazamiento forzado y el riesgo que corren quienes defienden sus derechos”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, según el comunicado.

La ONU-DH pidió a las autoridades investigaciones “prontas y diligentes”, que consideren como un factor la defensa de los derechos humanos que realizaba Reyes Pablo.

También exigió “identificar y sancionar” tanto a quienes cometieron el asesinato como a sus autores intelectuales.

Con el asesinato de Reyes Pablo, suman 10 activistas asesinados desde 2019 tan solo en el estado de Oaxaca, según datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo).

México es uno de los países más peligrosos para activistas en el continente, con más de 90 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se inició en diciembre de 2018, según expuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo.

“Las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un rol fundamental en nuestra sociedad y cualquier ataque en su contra también afecta la seguridad y el goce de derechos de sus comunidades”, comentó Fernández-Maldonado.

Apenas en junio pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Jesús Bañuelos Acevedo, activista y fuerte opositor a la operación del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en Hidalgo.

De acuerdo a los relatos, el defensor fue ultimado por un comando armado que irrumpió en el campamento que varios colectivos mantienen en la entrada del relleno sanitario. Una vez dentro, los sujetos ejecutaron a Jesús con un disparo en la cabeza y agredieron a dos activistas más.

Ante ello, el órgano señaló al crimen como uno de los tantos intentos por censurar a defensores y activistas quienes también son víctimas de la violencia que ha derivado en 97 activistas asesinados desde el 2018 hasta inicios del 2022, según informes de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“El asesinato del señor Bañuelos Acevedo es otra trágica evidencia de la grave violencia que busca acallar las voces de quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales en el país y promueven el derecho al medio ambiente como un bien de toda la sociedad”, expresó el representante, Guillermo Fernández-Maldonado.

La ONU-DH también alertó del problema de desplazamiento forzado en México, donde la violencia y los conflictos han obligado a la movilización dentro del país a 379 mil personas, según el “Manual sobre desplazamiento interno” de la Suprema Corte.

Por ello, el organismo internacional pidió “que el Estado mexicano asegure la protección de las comunidades que han sido forzadamente desplazadas, tal como la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria”.

“Este caso ejemplifica la realidad de muchas comunidades desplazadas en el país, que se enfrentan a la violencia cuando intentan retornar a las tierras de las que, originalmente, fueron expulsadas forzadamente”, concluyó Fernández-Maldonado.

Con información de EFE

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