Tras el asesinato en Durango de Eric Andrade Ramírez, un pasante de medicina de la Universidad Autónoma del Estado (UAD), el titular de la Secretaría de Salud (SS), Jorge Alcocer Varela, afirmó que no era posible ni recomendable eliminar el servicio social para los estudiantes de disciplinas médicas, por ser una necesidad académica de alta relevancia social.
“No es oportuno, no es aconsejable el que suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse”, comentó en la conferencia matutina de este martes.
Aseguró que, no obstante, se están revisando las condiciones de seguridad de los pasantes en las zonas más vulnerables, en las cuales no se puede dejar sin cobertura de salud a la población.
“Desde luego no podemos, igual que con los especialistas y médicos generales, dejar a un lado los sitios más lejanos o que no tengan condiciones del todo seguras, esto del todo seguras está igual de vigilado y de atendido”, dijo.
El secretario de Salud, realizó un recuento de los hechos apuntando a que un hombre herido de bala ingresó al hospital antes mencionado y fue atendido por Eric, quien posteriormente fue alcanzado por otra bala proveniente de un grupo armado de “dos o tres” personas las cuales entraron al lugar tiempo después del primer individuo.
Eric David Andrade Ramírez de 24 años de edad, era un pasante de medicina que fue asesinado en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango el 15 de julio mientras atendía a un paciente en la clínica donde prestaba servicio social. El hecho causó indignación entre la sociedad civil y la comunidad médica.
Ante ello, el alma máter del estudiante occiso instruyó el retiro inmediato de todas y todos los médicos pasantes de servicio social (pertenecientes a la UAD Campus Durango y Campus Laguna) de las unidades que no garanticen la seguridad y el pleno ejercicio de la labor, de acuerdo a las exigencias de la propia comunidad.
El retiro de las y los estudiantes, agregó la Universidad, aplicaría de igual manera en nosocomios donde se hayan reportado agresiones o cualquier acto que “amenace la seguridad o ejercicio libre de las funciones”.
Otra institución que también condenó el hecho y se sumó al desalojamiento de su comunidad fue la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
Entre los grupos que han respondido a la tragedia está la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF), la cual compartió un posicionamiento en el que aseguraron que las condiciones para realizar prácticas médicas no son las adecuadas. Bajo este tenor exigió al gobierno de la entidad hacer justicia en el caso de Eric.
Violencia contra el gremio médico
Las precarias condiciones a las que el gremio de la medicina se somete día con día volvió a la mesa del debate tras la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para contratar médicos especialistas cubanos.
El decreto se instruyó bajo el argumento de que las y los especialistas mexicanos “no quieren brindar sus servicios” en las comunidades marginadas del país.
En contrarréplica, los profesionales, han protestado por el tema de la seguridad, pues es un hecho que no hay quien los proteja en las comunidades más alejadas donde los enfrentamientos con grupos criminales son recurrentes. En estos lugares se encuentran desprotegidos, sobre todo al ser ellos quienes tienen que brindar sus servicios las 24 horas, siete días a la semana.
Otra de las tantas víctimas de esta ola de violencia y negligencia contra los profesionales médicos, fue Masiel Mexía Medina, médica anestesióloga del IMSS que fue asesinada el pasado 12 de julio por múltiples disparos en la comunidad de San Juanito, en la Sierra Tarahumara, de Chihuahua.
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