La II Legislatura del Congreso de la CDMX no ha dejado de sorprendernos. Una de estas historias dio inicio el año pasado, cuando el Instituto Electoral local, como el resto de los organismos autónomos, alcaldías y dependencias, elaboró su proyecto de presupuesto para el 2022. En ese entonces las y los consejeros electorales consideraron que para el desarrollo de sus actividades, en un año no electoral pero en el que se desarrollarían actividades ordinarias de gran trascendencia como la consulta para el presupuesto participativo, les serían necesarios 1.9 mil millones de pesos.
La propuesta del Instituto quedó en eso. Semanas más tarde, cuando se recibió el paquete económico en el Congreso, el presupuesto asignado para el instituto apenas superaba los 1.2 mil millones de pesos; un 38 por ciento menos de lo estimado por el organismo autónomo.
La consigna, alineada al discurso de Palacio Nacional, era aplicar a cabalidad una estrategia de ahorro y austeridad que, en los hechos, poco tiene que ver con resolver de manera más eficiente los problemas públicos de la ciudad, pero tiene todo que ver con debilitar al órgano que garantiza la legalidad y legitimidad de nuestras elecciones, al igual que lo siguen intentando a nivel nacional con el INE.
Para el 15 de diciembre, Morena en el Congreso, con el respaldo del PRI y del PRD, aprobó sin cambios el proyecto que llegó desde jefatura. Así como llegó, se publicó.
El Instituto acudió al Tribunal Electoral de la ciudad y seis meses después, le dio la razón; el Congreso había pasado por alto las necesidades del organismo autónomo, violando incluso nuestra propia Constitución, y ahora, por orden judicial, tendría que modificar el presupuesto para el 2022 y, en un término de 15 días, resarcir los recursos que de manera infundada la Jefa de Gobierno y el Congreso de la Ciudad le habían recortado.
La idea central de la sentencia, es que tanto el gobierno como el Congreso, redujeron el presupuesto del Instituto sin justificación alguna, sin tomar en cuenta sus necesidades, actividades y obligaciones, desconociendo que se trata de un órgano autónomo reconocido por nuestra Constitución local que además le otorga la facultad de definir su propio presupuesto.
Como era de esperarse, nuevamente la Jefa de Gobierno rechazó la sentencia, porque para ellos no existe más ley que su voluntad y no hay nadie que se pueda oponer a sus determinaciones, como si la división de poderes y las instituciones que nos han costado años consolidar no contaran.
Esa misma voluntad se trasladó al Congreso capitalino, que con la complicidad entre Morena y el Presidente de la Mesa Directiva, planearon una estrategia dilatoria.
Pero este es solo un capítulo más de la tragedia de Morena infringiendo la ley, ignorando las instituciones y tratando de imponer su voluntad. Como lo ha realizado ya en tres ocasiones desde la Cámara de Diputados al negarse a integrar a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente que de manera ilegal dejó fuera o los actos anticipados de campañas de sus candidatos a la presidencia que abiertamente se pasean por el país en actos de promoción indebida que han decidido seguir realizando aún a costa de las determinaciones de la autoridad electoral.
Transgrediendo y manipulando la ley y el reglamento del Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva promovió una controversia constitucional sin tener plenas facultades para hacerlo a nombre del Congreso, pero la Sala Constitucional del Poder Judicial le ha dado trámite y decretó la suspensión de los efectos de la sentencia, cosa que también está más allá de sus facultades.
Por eso, el pasado viernes acudí ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para denunciar el incumplimiento de la sentencia por parte del Congreso. Esperamos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México haga lo mismo y siga defendiendo su autonomía.
Aún nos falta un largo camino jurídico por recorrer pero desde Movimiento Ciudadano estamos dispuesto a agotar todas las instancias para que la determinación del Tribunal se cumpla desde el Congreso, porque nuestra convicción es y seguirá siendo fortalecer nuestra democracia, defender nuestras instituciones y respetar el equilibrio de poderes.
Morena podrá tener la mayoría en el Congreso, pero eso no le da la razón ni la exime de cumplir la ley.
Royfid Torres González es legislador por Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México.
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