María Eugenia Campos Galván se convirtió en la primera mujer en gobernar Chihuahua el pasado 8 de septiembre de 2021, una entidad que desde hace años ha estado en el ojo del huracán por la corrupción y la violencia que no ha dado tregua, prueba de ello el reciente asesinato de dos sacerdotes jesuitas dentro de un templo ubicado en la Sierra Tarahumara, un caso que conmocionó a México y que hasta llegó a los oídos del papa Francisco.
Sin embargo, la polémica ha acompañado el nombre de Maru Campos incluso desde que ejercía como alcaldesa de la capital chihuahuense y en plena campaña electoral de 2021, cuando no eran un secreto las discordias que mantenía con su compañero de partido y entonces gobernador, Javier Corral, a quien señaló de implementar una persecución política en su contra.
Y es que mientras la abogada competía como abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) para ocupar la gubernatura, la Fiscalía General de Estado Chihuahua (FGE) la acusó de haber recibido sobornos por más de 9 millones de pesos entre 2014 y 2016 de la administración de César Duarte, exgobernador extraditado a México y hoy procesado por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
De acuerdo con las acusaciones —realizadas mientras Javier Corral era gobernador de Chihuahua—, la exdiputada presuntamente participó en la “Nómina Secreta” de Duarte cuando era vicecoordinadora de la bancada blanquiazul en el Congreso local.
Este dinero tenía la finalidad de asegurar el voto a iniciativas presupuestales y dictámenes de fiscalización de la cuenta pública, según la causa penal 2821/2020 iniciada por la FGE.
Asimismo, fue señalada por tres exfuncionarios que acogidos por el criterio de oportunidad denunciaron ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción que la mandataria había incurrido en cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades ilícitas tras presuntamente sobornar a proveedores durante su gestión como alcaldesa, con el fin de simular competencia en diversos procesos de licitación, según la causa penal 3022/2020. El caso fue desechado en agosto de 2021 luego de que los implicados se desdijeran de sus declaraciones.
Hoy, con 10 meses al frente de Chihuahua, la gobernadora ha asegurado que “no habrá ni perdón ni olvido” para César Duarte, por lo que seguirán las pesquisas en su contra; mientras que al apuntar que “todos tenemos nuestros pecados”, advirtió que también buscará un juicio político contra Corral Jurado.
En un contexto en el que la entidad se ha caracterizado por el desfalco de sus exmandatarios y donde la violencia sigue permeando en cada rincón, Infobae México realiza una serie de textos sobre “la riqueza de los gobernadores”, en donde se hace una revisión a las declaraciones patrimoniales de las figuras que actualmente dirigen la política a nivel estatal.
Los pecados de Maru Campos
De acuerdo con la declaración patrimonial presentada el 13 de mayo de 2022, durante el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año Maru Campos tenía un ingreso neto por un millón 586 mil 960 pesos mexicanos, cantidad menor al reportado el año anterior cuando era alcaldesa y aseguraba tener un millón 715 mil 48 pesos.
Del total del dinero declarado este año, un millón 66 mil 960 pesos corresponden a su salario por ocupar un cargo público como presidenta municipal de Chihuahua.
El documento —que puede ser consultado a través de la plataforma Declaranet del estado de Chihuahua— revela que la mandataria estatal negó tener rendimientos o ganancias por alguna actividad financiera como fondos, valores bursátiles, seguros, entre otros.
Campos Galván también registró 520 mil pesos en la categoría “enajenación de bienes” por la venta de una camioneta Toyota Highlander XLE que había adquirido el 31 de marzo de 2020 por un valor de 670 mil pesos, misma que pagó a crédito.
Sobre tener algún bien inmueble, en su declaración de 2021, Campos Galván había señalado que era propietaria de dos casas adquiridas por donación el 12 de noviembre de 1982: una de 221 metros cuadrados y otra de 381 metros cuadrados, las cuales son suyas al 100 por ciento.
El 24 de enero de 2017 compró un terreno de 700 metros cuadrados por un valor de 2 millones 483 mil 067 pesos, mismos que pagó a crédito.
Su última adquisición la realizó el 21 de noviembre de 2017, cuando se hizo dueña de un terreno de 400 metros cuadrados por el que pagó a crédito 2 millones 418 mil pesos.
En abril de 2021, cuando fue vinculada a proceso por la famosa “Nómina Secreta” de César Duarte, la entonces candidata dejó en garantía al juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez una casa ubicada en Residencial Bosques de San Francisco, Chihuahua, valuada en 6 millones 822 mil pesos.
El 7 de septiembre de 2021, en la víspera de su toma de protesta como gobernadora, el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda le retiró el cargo de cohecho argumentando que el Ministerio Público nunca acreditó los sobornos para favorecer las iniciativas de Duarte.
Actualmente se desconoce bajo qué estatus quedó la vivienda de Campos que dejó en garantía al juez, así como qué ocurrió con sus otras propiedades que declaró en el 2021, pues en la declaración de 2022 tampoco se señala alguna enajenación de bienes inmuebles o los motivos por los cuales fueron dados de baja.
Muchas deudas
María Eugenia Campos precisó que al 31 de diciembre de 2021 poseía una cuenta de nómina bancaria en BBVA, aunque no hay más detalles.
Por otro lado, declaró tener cinco deudas bancarias por un monto total de 2 millones 82 mil 656 pesos que fueron adquiridas entre marzo del año 2020 y enero de 2021.
La primera deuda fue de tipo personal con el banco Santander el 2 de febrero de 2020 por una cantidad de 995 mil 647 pesos; a esta le sigue un crédito automotriz el 1 de marzo de 2020 por un valor de 670 mil pesos. Aunque el monto concuerda con el vehículo que declara haber comprado, la fecha de autorización fue un mes antes de la compra.
Por otro lado, el primer día del año 2021 adquirió otras tres deudas: la primera por una tarjeta de crédito de BBVA por 234 mil 98 pesos; luego una tarjeta de crédito bancaria de Santander en la que se lee que el monto fue de cero pesos; y la tercera, una tarjeta de crédito de Santander por 182 mil 911 pesos.
Finalmente, la funcionaria negó tener un préstamo o comodato por terceros; participar en empresas, sociedades o asociaciones; apoyos o beneficios públicos; ni beneficios privados o fideicomisos.
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