Dentro de su propio gabinete de gobierno, si hay alguien tan polémico como el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es su fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Solo que la polémica que envuelve a cada uno es distinta. La del mandatario es más de tinte político, específicamente por las decisiones y obras de su gestión. La del segundo consiste en los actos de abuso de poder, según se le acusa, y la opacidad y arbitrariedad con la que se señala que ha desempeñado su cargo. Sobre este último punto escribió un libro el periodista Jesús J. Lemus.
El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022) es la más reciente obra del autor. En ella, según ha adelantado, retrata el personaje de Alejandro Gertz: quién es, qué ha hecho en 40 años de trabajo público y cuáles son las circunstancias que envuelven al hombre más poderoso de la justicia mexicana. Todo ello, señala el periodista en un texto que escribió para Los Angeles Times, a manera de previa al lanzamiento oficial del texto (el próximo 15 de julio), a fin de que los mexicanos tengan una idea más clara del fiscal, y con ello se dimencione mejor la gravedad de las acusaciones que día con día se apilan en su contra.
“Si hay un personaje que encarna el aspiracionismo, el chapulineo político, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el manejo del poder por el poder mismo, es decir todos los pecados políticos y sociales sobre los cuales el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha fincado su oferta de gobiernos, ese es sin duda Alejandro Gertz Manero”, escribe el periodista en el adelanto de su nuevo texto.
Lemus empieza describiendo a Gertz Manero como “la tesis y la antítesis del régimen político mexicano que se niega a morir, y que para ello se reviste de transformación”, en referencia al nombre que el propio López Obrador da a su administración. Indica además que ese contraste es la razón por la que poco se ahonde en ese personaje.
“Hoy son más los mexicanos que se encuentran desencantados no de la política del presidente López Obrador, pero sí de su necedad de proteger a un personaje oscuro como Gertz Manero”, advierte el autor añadiendo que el descontento ha nacido “la mala actuación del fiscal general, quien con su inoperancia y utilizando el poder de la procuración de la justicia como su empresa personal, amenaza con descarrilar el gobierno de la transformación”.
Asimismo, tras la prsentación del texto, el periodista presenta un adelanto de su obra: el capítulo dos. En esa sección habla sobre la trayectoria de Gertz Manero desde que se recibió como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Entonces describe su paso por dependencias como las Secretaría de Trabajo, el SAT, el INAH y la extinta PGR.
También cuenta como uno de sus mentores de vida, Mauricio Magdaleno, lo adentró al arte del teatro, camino que lo llevó hasta formar parte de la constitución de la Asociación Nacional de Productores de Teatro. Dentro de ese tema, Lemus cuenta el episodio que tuvo con la primera actirz Silvia Pinal y la demanda por supuesto desvío de recursos en su contra, delito que acusaba que la actriz cometió cuando era presidenta de esa organización en 1994.
Lemus hace hincapié en el que pareciera ser el común denominador en los conflictos legales en los que se ha visto incluído Gertz Manero: el rencor. Y es que, poniendo como ejemplo el caso de Silvia Pinal, el periodista señala que más allá de que la acusara por el supuesto desvío de dinero, el coraje del ahora fiscal se debía a que la actriz en su momento lo dejó sin poder alguno en la asociación teatral, de ahí la venganza que no pudo ejecutar hasta el años 2000. El autor hace referencia al parecido en el móvil de Gerz en contra de Alejandra Cuevas:
“¿De dónde proviene lo que parece ser un ímpetu rencoroso de Alejandro Gertz Manero? Es un tema escabroso. Como en toda ciencia social, cualquier respuesta a esa interrogante podría ser falible. Sin embargo, a fin de arrojar luz sobre el tema vale la pena explorar los campos de su psicología personal, de los que no existe ningún registro público, porque simplemente así es nuestro sistema mexicano: no plantea la obligación legal, ni siquiera moral, de que los que detentan el poder público demuestren que gozan de una adecuada salud mental”.
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