Así se organizan las caravanas de migrantes para enfrentar robos, secuestros y violencia sexual: CNDH

Por décadas las condiciones vulnerables y la falta de Estado de Derecho en distintas naciones ha orillado a miles de personas a migrar para mejorar su calidad de vida. Si bien la crisis migratoria tiene múltiples precedentes, con el reciente hallazgo de un tráiler que contenía alrededor de 53 cadáveres en San Antonio, Texas, se ha expuesto nuevamente la necesidad de regular legislaciones que garanticen la protección de toda persona migrante durante sus travesías.

Bajo ese tenor, en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó y publicó un nuevo diagnóstico sobre las caravanas migrantes, mismo en donde se expusieron los nuevos retos que enfrenta el país en cuestión de movilidad así como los motivos por los cuales se ha acentuado dicho fenómeno migratorio en ciudades fronterizas como Tapachula, Chiapas.

Cabe mencionar que la dependencia encargada de la protección de los derechos humanos en el país hizo especial hincapié en reconocer que la migración es un fenómeno social que se da por causas forzadas, es decir, las afectaciones derivadas del crimen organizado, desastres naturales, extrema pobreza o persecuciones obligan a las personas a migrar de sus respectivos países de origen.

No obstante, en su larga y peligrosa travesía para llegar a Estados Unidos, las y los migrantes enfrentan múltiples riesgos que van desde el tránsito ilegal por territorios, hasta exponer su propia vida en kilométricas caminatas o al abordar camiones o trenes que podrían volcarse; adicionalmente padecen desnutrición y deshidratación por las condiciones del traslado.

Por si eso no fuera suficiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso en su nuevo diagnóstico sobre caravanas migrantes que las instituciones públicas de México encargadas de atender el constante flujo migratorio que atraviesa el país no cuentan con los recursos o personal suficiente para agilizar los trámites de permisos o visas humanitarias que migrantes solicitan para radicar o transitar por el territorio.

Dicho motivo ha influido considerablemente en que -desde 2018- grupos de migrantes que permanecen varados en ciudades fronterizas se organicen y conformen las famosas caravanas, las cuales buscan en conjunto llegar a Estados Unidos.

Además de visibilizar el problema de la crisis migratoria, en las caravanas los migrantes buscan hacer frente en conjunto a los múltiples riesgos que enfrentan en su transitar tales como: robo, extorsiones, secuestros, homicidios, trata de personas, desapariciones, violencia sexual, discriminación, abusos de autoridad y el uso excesivo de la fuerza en su contra.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalló en su diagnóstico que tan solo en 2021 se registró la formación de al menos cinco caravanas migrantes, todas organizadas desde la ciudad fronteriza de Tapachula cuya intención fue manifestar su inconformidad por los tratos recibidos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), mismos que vulneraron sus derechos humanos como personas solicitantes de la condición de refugiados.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) informó que el número de solicitantes de la condición de refugiado en México cerró con 130 mil 744 a finales 2021, dicha cifra supuso un aumento del 10,088.27%, situación que se agravó por los efectos de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, la dependencia encargada de gestionar la ayuda a refugiados detalló que los solicitantes que buscaron asilo en México durante 2021 provenían principalmente de Haití, Honduras, Cuba, Chile, Venezuela, El Salvador y Guatemala.

La crisis migratoria se ha acentuado con el pasar de los años derivado de los múltiples contextos políticos, sociales y económicos de cada nación sumado a la indiferencia de los mismos gobiernos. Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha instado a autoridades a crear una solución duradera que logre poner fin a los problemas relacionados con el desplazamiento y que permita a las personas reanudar una vida normal en un entorno seguro.

En su diagnóstico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció tres soluciones duraderas: 1) retorno o repatriación voluntaria, 2) reasentamiento y 3) integración local. Mediante el Programa de Integración Local (PIL) para personas refugiadas y sus familias, ACNUR-México, la sociedad civil y autoridades mexicanas buscan brindar a las personas refugiadas y beneficiarias de protección complementaria, herramientas para lograr su independencia y plena incorporación a la sociedad.

No obstante, el incremento en las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y de trámites migratorios, aunado a la contingencia por COVID-19, ha generado que las autoridades limiten o restrinjan el acceso a los procedimientos respectivos para formalizar o regularizar la situación migratoria de las personas en movilidad en el país.

Ello ha provocado que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) otorgue citas a los interesados para el trámite de solicitud de refugio con periodos de espera mayores a los tres meses en el mejor de los casos pues testimonios han revelado que dichas diligencias pueden llegar a tardar hasta ocho, 12 o 14 meses.

Pese a que dentro del flujo migratorio los mexicanos representan un gran porcentaje, con el pasar de los años el país ya no solo se ha convertido en territorio de tránsito para las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos sino que también ya figura como un lugar de destino.

En 2021, la Encuesta Nacional que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó en 48 estaciones migratorias reveló que de mil 174 personas entrevistadas, el 64% querían llegar a Estados Unidos y 35% preferían quedarse en México.

Del mismo modo, dicha encuesta reveló que los principales motivos por los cuales las personas migraron en 2021 fueron los factores económicos y la violencia al representar el 38% y 29%, respectivamente.

Resulta pertinente destacar que en el siglo XX, en México y Latinoamérica permearon en gran medida patrones de violencia política; a principios del siglo XXI se inclinó más hacia la violencia generada por el crimen organizado.

Sin embargo, la región aún lucha con la violencia política, que incluye protestas violentas, actos de violencia estatal como brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas.

La violencia social y doméstica también está muy extendida en la región y afecta especialmente a las mujeres. Este tipo de violencia se manifiesta de diferentes formas, incluido el abuso físico, sexual y psicológico, y puede estar motivada por el género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima. De hecho, la región tiene algunas de las tasas más altas del mundo de violencia sexual y violencia contra la comunidad LGBT+, y el feminicidio es un tema crítico en muchos países de la región.

Dichos factores han influido directamente en la decisión que miles de personas de diferentes nacionalidades han tomado para abandonar su lugar de origen y buscar una mejor calidad de vida ya sea en Estados Unidos o en países con condiciones un poco mejor que los suyos, tal es el caso de México.

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