Tras la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declinar hacerse cargo del litigio entre miembros de la familia Jenkins Landa, la Fundación Mary Street Jenkins (FSMJ) celebró la determinación ante lo que considera un proceso que “evidentemente es ilegal”.
Esto a raíz de que la SCJN decidió no atraer el caso y lo devolvió al Décimo Tribunal Colegiado en materia penal para su resolución, puesto que el fiscal Alejandro Gertz Manero presentó una acusación en contra de la familia Jenkins por supuesto desvío millonario.
Por ello, la fundación emitió un comunicado compartido por redes sociales en el que celebraron la decisión de la SCJN. En él mencionaron que la Fundación y los integrantes de su patronato aplaudían la decisión de las y los ministros “porque creen en la imparcialidad, autonomía y objetividad del Poder Judicial de la Federación”.
Señalaron, además, que se trata de otro caso en el que la FGR ha violentado el estado de derecho, “los derechos humanos y el debido proceso”, pues indicaron que la Fiscalía debía impugnar ante un juez de control la reapertura del caso, sin embargo, esto no fue hecho.
Hicieron hincapié en que los integrantes de la familia Jenkins de Landa consideraron que los magistrados tienen una oportunidad para sentar un precedente para reivindicar la justicia al revisar esta causa en las próximas semanas.
“Tenemos la convicción de que en la valoración del Tribunal Colegiado que resolverá el caso, prevalecerá la justicia y la razón que nos asiste, para cesar con una persecución que carece de sustento jurídico y constituye un abuso inadmisible”
Se trata de la acusación por parte de la FGR hacia los Jenkins por el presunto desvío de al menos 14 millones de pesos de la fundación. Esta fue la base de una demanda civil del gobierno de Puebla que le quitó el control sobre la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a los Jenkins en 2021.
Casi cuatro meses después de que las instalaciones de la UDLAP fueran tomadas por las fuerzas policiales de la entidad, la fundación dio a conocer que reabrirían sus puertas.
Las primeras señales del conflicto se dieron a conocer cuando el 15 de junio del 2021 la FMSJ publicó un comunicado en el que denunció que sus miembros eran víctimas de una campaña de desprestigio por parte de Guillermo Jenkins Landa.
Guillermo Jenkins denunció que la fundación fue desfalcada por más de 700 millones de dólares. Los imputados son varios miembros de la familia Jenkins, así como sus abogados. Debido a las denuncias, en febrero del 2021 se giraron órdenes de aprehensión en su contra.
Los presuntos involucrados son: Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa.
Esto sucedió en el 2017, pero en el 2018 se había decretado la no acción penal en contra de los Jenkins. Sin embargo, en el 2020, con Gertz Manero al frente de la Fiscalía, se reabrió la carpeta de investigación, por lo que los familiares acusados de desfalco han señalado que la FGR actuó de forma ilegal.
Entre las acusaciones, según diversos medios, está el lavado de dinero por parte de varios de los hermanos de Guillermo para hacerse del control del dinero que pertenece a la fundación y que está específicamente destinado para obras de beneficencia.
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