Presunto asesino de la cantante Yrma Lydya enfrentó una serie de acusaciones en EEUU

Jesús “N”, el hombre de 79 años que la policía de Ciudad de México detuvo la noche del 23 de junio por su presunta responsabilidad en la muerte de la cantante Yrma Lydya, en un restaurante de la alcaldía Benito Juárez, fue demandado al menos dos veces en Estados Unidos por fraude, extorsión y presentación judicial falsa.

El esposo de la artista, quien habría disparado contra la joven de 21 años de edad, era conocido por hacer gala de su supuesto poder e influencia en las altas esferas judiciales mexicanas.

El hoy detenido aseguraba que era la única persona que podía conseguir que las dependencias de seguridad le compraran a los proveedores que él les indicaba y de ser un protegido de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según la denuncia AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/MXI/192/2011, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, con fecha de 2011, en México Jesús “N” fue acusado también por el delito de usurpación de profesión, ya que todavía no contaba con título profesional. Su cédula (10700616) fue expedida en 2017, según el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Otro de los casos en su contra fue una disputa legal que tuvo con la empresa Tyco Fire & Security y su filial ADT, cuyos dueños lo demandaron en 2004 en EEUU por diversos delitos. Sin embargo, las dos demandas presentadas fueron desestimadas.

Las demandas 04-80516 y 04-23127, interpuestas en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de Florida, División West Palm beach, en contra de Jesús “N” y otras siete personas, fueron abiertas por los delitos de extorsión, fraude, presentación judicial falsa y amenazas, en agravio de dos gerentes de la empresa Tyco Fire & Security, Philip McVey y George Azze.

En la primera demanda de junio de 2004, además del marido de la cantante, están incluidos otros personajes ligados a la empresa Alert 24: Jorge Hernández Torres, Emilio Espinola, Raif Shahin Isaac, Gonzalo Quesada Suárez, David Calderón Islas, Luis Montiel Vilchis y Horacio Cantú, todos ellos de nacionalidad mexicana. En la segunda demanda, interpuesta en diciembre de 2004, sólo se describe a la empresa Tyco Fire contra Jesús “N”.

Según los hechos, en el año 2002, Tyco Fire & Security (TFS) – una compañía que brinda protección contra incendios y seguridad electrónica– rescindió, a través de su filial ADT México, 52 contratos, entre ellos los de las empresas City Watch S.A. de C.V., que era dirigida por Raif Shahin Isaac; F.B.I. Alarmas, S.A. de C.V. (“FBI”), a cargo de Gonzalo Quesada Suárez; Servicios Administrativos de Emergencia S.A. de C.V., dirigido por Luis Montiel y Horacio Cantú; así como L.D.C., S.A. de C.V. de David Calderón.

Los dueños de estas empresas, molestos por la decisión de ADT, intentaron tomar represalias, primero por la vía legal, pero al ver que no tenían argumentos sólidos para ganar el caso, habrían optado por métodos ilegales, contratando así a Jesús “N” y Jorge Hernández, éste último un ex empleado de TFS que había estado a cargo de las operaciones de ADT en Latinoamérica y que fue despedido el 28 de febrero de 2002.

Debido a su cercana relación con los empresarios involucrados, luego de su despido, Hernández Alcocer y Jesús “N” se convirtieron en sus representantes, por lo que se permitieron actuar en “asuntos legales y de cobro”. Emilio Espinola, otro ex empleado despedido de Tyco, también se unió al boicot.

Según las demandas interpuestas en EEUU, los demás representantes de los concesionarios a quienes se les rescindió contrato acordaron compartir información y coordinar su estrategia contra Tyco Fire, acciones a las que siguieron hostigamientos a través de llamadas, correos electrónicos y mensajes. Incluso amenazaron con hacerles daño a ellos directamente, así como a sus familiares y su personal.

Como ejemplo de ello, el 12 de diciembre de 2004, los demandados hicieron llegar un correo electrónico a Philip McVey en Florida, quien entonces fungía como presidente de las operaciones de TFS Fire & Security en América Latina. En el mensaje amenazaron con dañar a sus suegros: “Estamos esperando hasta fin de año para enviarte a la cárcel”.

En las demandas se narra que los acusados también entablaron acciones penales para que pagaran USD 73 millones a cambio de descontinuar las acciones amenazantes. En consecuencia, el 12 de noviembre de 2002, las empresas involucradas presentaron demandas en México en contra de McVey. Asimismo, las compañías rechazaron la oferta de ADT México de arbitrar las disputas pendientes.

Una orden de arresto en contra de McVey fue emitida cuatro meses después, pero el gerente de TFS salió de México antes de que ésta fuera cumplimentada.

En julio de 2003, Jesús “N” y Shahin hicieron que City Watch presentara una declaración falsa y difamatoria que terminó provocando una denuncia contra Francisco Javier Tamayo, director financiero de TFS Latinoamérica, y contra el abogado externo de ADT, José Abascal Zamora, según se lee en las demandas.

En los documentos se afirmó que Tamayo había instruido a Abascal a que insertara una cláusula de arbitraje en los contratos de los concesionarios con la intención de perjudicarlos en cualquier disputa con ADT. La demanda alegaba, además, que el arbitraje sería injusto porque Abascal era un funcionario de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco).

En ese contexto, en febrero de 2004, un juez mexicano emitió una orden de arresto en contra de Abascal, la cual fue cumplimentada y, mientras estaba bajo custodia y era transportado a la cárcel, se permitió que un abogado privado, contratado por las firmas, interrogara a Tamayo, quien fue advertido de que podría ser puesto en libertad bajo fianza siempre y cuando TFS accediera a “resolver” las demandas de los acusados. Tamayo logró salir de la cárcel en mayo de ese mismo año.

En marzo de 2004, los empresarios crearon Alert 24, controlada por Jesús “N”, con el objetivo de presentar cargos penales contra TFS.

Según consta en las demandas, George Azze, directivo de TFS, también fue amenazado en una serie de correos con ser lastimado por “personas de apellido italiano” si se atrevía a viajar a América Latina, por lo que también redujo sus viajes, agravando las operaciones de ADT y TFS.

Las amenazas alcanzaron a más trabajadores de TFS y ADT, asegurando que serían encarcelados en cualquier momento, pues las autoridades mexicanas trabajaban con la Interpol para lograr sus capturas, lo cual era falso.

“Cada uno de ustedes tendrá 30 denuncias, 30 detenciones, 30 visitas a la cárcel, y espero que la ADT pague 30 fianzas por cada uno de ustedes”, se leía en uno de los tantos correos electrónicos mencionados en las demandas.

Para el 2004, se hicieron esfuerzos para resolver las disputas mediante un proceso de arbitraje, pero éstas fracasaron y las amenazas continuaron.

En las demandas, los gerentes de Tyco Fire pedían medidas cautelares y declaratorias, daños compensatorios, costos, honorarios de abogados y todas las medidas adicionales a las que pudieran tener derecho, pero fueron ignorados.

SEGUIR LEYENDO: