El pasado 10 de junio, la localidad de Papatlazolco, en Puebla, fue escenario de uno de los actos de violencia que más han conmosionado a la sociedad mexicana en los últimos tiempos.
Vecinos de la comunidad fueron alertados de la presencia de dos hombres en la zona, quienes supuestamente planeaban secuestrar niños, ante lo cual decidieron actuar por sus propios medios e instalaron barricadas con la intención de atrapar a los presuntos “robachicos”.
Aquella noche, Daniel Picazo Hernández, ex funcionario de la Cámara de Diputados afiliado al Partido Acción Nacional (PAN), fue señalado erróneamente como uno de los presuntos secuestradores; los vecinos de la localidad lo golpearon, sometieron y trasladaron a las canchas de la comunidad para quemarlo vivo.
La presencia de las autoridades, además de tardía, resultó insuficiente, pues al arribo de la policía Daniel se encontraba sometido por alrededor de 30 personas, mientras que otras tantas impidieron que los agentes resguardaran al ex funcionario. Se estima que en el linchamiento participaron aproximadamente 200 personas.
En este contexto, este martes 21 de junio, la senadora de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, presentó una iniciativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para tipificar el delito de linchamiento en el Código Penal Federal.
Como parte de su propuesta, la senadora expuso que los linchamientos “son actos de tortura, ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad ha reportado nuestro país”, situación que, además, se deriva de la falta de confianza en las autoridades y la “incapacidad de las instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica”.
En el documento, Vázquez Mota refirió argumentos y cifras de distintas organizaciones para dimensionar la gravedad de estos actos en México. Un ejemplo de ello son las palabras del director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, quien expuso que “cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”.
Respecto a las cifras, la senadora panista retomó el Informe Especial Sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) según el cual estos actos han tenido un constante aumento en México, pues en 2018 se registraron 174 casos, casi el triple de los reportados en 2017 (64).
Sumado a ello, de acuerdo con el estudio Linchamientos en México, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, en los últimos 25 años en nuestro país se han registrado al menos 366 linchamientos en distintos estados, “principalmente en la zona centro-sur del país”.
Derivado de lo anterior, Josefina Vázquez Mota propuso la adición de un capítulo y un artículo al título decimonoveno del Código Penal Federal, el cual establecería que son responsables de delito de linchamiento “quienes en forma tumultuaria infieran lesiones o priven de la vida a una o más personas”.
Al ser considerado como un delito calificado, por la existencia de ventaja y alevosía, se le aplicaría a las personas responsables de linchamiento una pena de entre 30 y 60 años de prisión, en caso de cometer homicidio.
Por otro lado, Vázquez Mota propuso que se le impongan de cuatro a ocho años de cárcel y de 200 a 600 días de multa a quienes “convoquen, organicen o inciten a causar daño a una o más personas, participen en el sometimiento de la víctima, obstaculicen la intervención de la autoridad, o de cualquier otra forma participen de manera directa en la comisión del delito de linchamiento”.
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