El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos validó las declaraciones de Héctor Saul Castro Aguirre, ex jefe de una célula del Cártel de Sinaloa en Pennsylvania, durante el juicio y caso de apelación que se le siguió en una corte del estado de Indiana, donde fue sentenciado a cadena perpetua por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
Castro Aguirre declaró que uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán había mandado matar a tres colaboradores del cártel en 2016 por el decomiso de USD 2.4 millones que habían obtenido en los Estados Unidos por la venta de más de 100 kilos de cocaína en Reading, Pennsylvania.
A pesar de que durante el juicio no se reveló el nombre del hijo de Guzmán Loera que mandó asesinar a los tres hombres que trabajaron para el cártel, en las acusaciones de la fiscalía federal de EEUU solo se menciona a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, como el único miembro de “Los Chapitos” que dio órdenes para cometer asesinatos.
De acuerdo con Castro Aguirre, la tres personas que fueron asesinadas, presuntamente por órdenes de Ovidio Guzmán, fueron Ángel Barrios Moreno, un operador del Cártel de Sinaloa que dirigía operaciones para cruzar droga en la frontera entre Sonora y Arizona; su sobrino Adrián Barrios Moreno; y un amigo identificado como Luis Carlos Cebrero Álvarez.
El narcotraficante sentenciado a cadena perpetua declaró que los tres individuos fueron secuestrados y asesinados porque no pagaron la deuda que el cártel les había exigido como reparación por la pérdida de USD 2.4 millones en efectivo que habían obtenido a cambio de la venta de 100 kilos de cocaína, propiedad de la organización sinaloense.
Los tres fueron detenidos por agentes estadounidenses en los límites de los estados de Illinois y Missouri. Llevaban el dinero que habían obtenido a cambio de la droga hacia una casa de seguridad de Arizona, para hacérselo llegar a sus superiores en México.
Ante la pérdida del efectivo, el Cártel de Sinaloa amenazó a Ángel Barrios Moreno y le exigió reponer el dinero en un período de tiempo determinado. Sin embargo, el narcotraficante terminó endeudado con el cártel porque no logró juntar la cantidad que se le refirió, ni mucho menos pagar a tiempo.
La organización sinaloense, según el testimonio de Castro Aguirre, se cobró la deuda cuando Ángel Barrios Moreno, su sobrino y un amigo, viajaron desde Nogales y Sonora. Él y sus acompañantes fueron secuestrados por sicarios del Cártel de Sinaloa. Posteriormente se pidió un rescate para liberarlo de USD 500 mil.
Sin embargo, a pesar de que Castro Aguirre se movilizó y logró recaudar USD 250 mil para pagar por el rescate, “el cártel finalmente mató a Barrios Moreno, junto con los otros dos hombres que había capturado”, se describió en el caso de apelación del narcotraficante.
Otro testigo en el juicio fue un taxista de Nogales identificado como Julio César Cebrero Álvarez, hermano de Luis Carlos Cebrero, el amigo que acompañó a Ángel Barrios Moreno y a su sobrino. De acuerdo con su versión, el día de la desaparición trasladó a los tres desde Nogales hacia Sinaloa, pero en un punto del trayecto los tres se cambiaron a otro vehículo. Julio César les llamó cada cierto tiempo para saber cómo iban, pero después de un rato dejaron de contestarle.
Posteriormente visitó a la esposa de Barrios Moreno, quien le dijo que su cuñada recién le había informado que su esposo y los demás habían sido secuestrados. El taxista declaró que policías le informaron que habían encontrado tres cuerpos y le habían pedido que acudiera a identificarlos. Sin embargo, cuando estaba a 10 kilómetros del lugar donde se verían, Cebrero Álvarez se dio la vuelta “porque tenía ‘miedo de que tal vez fuera una trampa’ y que también lo mataran”.
En abril del 2018, Ovidio y su hermano Joaquín fueron acusados por el Juzgado Federal del Distrito de Columbia por conspirar para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y 1,000 kilogramos de marihuana; por lo que se presentaron cargos de narcotráfico en su contra.
También se afirmó que tenía nexos en Argentina y que había ordenado actos sangrientos, como el asesinato de un cantante que se rehusó a cantar en su boda.
De ahí que el reciente 15 de diciembre, el Departamento de Estado anunció la recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Ovidio y cada uno sus hermanos, pues se designó a las organizaciones criminales mexicanas que se dedican al tráfico de drogas hacia el país del norte como la principal amenaza de seguridad.
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