A pesar de que el gobierno de la autolllamada “Cuarta Transformación” (4T) tiene como su principal bandera terminar con la corrupción, parece ser que es una práctica que no se ha podido erradicar.

Y es que en 2021, en el 29% (75 de 260) de las instituciones federales se detectó un riesgo de corrupción en las compras públicas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En términos monetarios, el año pasado cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia; es decir, el 41% del monto total fue por adjudicación directa y 4% a través de invitaciones restringidas.

Lo anterior significa que dichas instituciones incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación.

Así lo reveló este martes el IMCO durante la presentación del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta para realizar un diagnóstico por cada institución federal e identificar las fallas, retrocesos y avances en el sistema de contrataciones en México, a través de indicadores como competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.

Sin embargo, el IMCO clasificó en cuatro categorías a estas instituciones, con base en el monto de gastos asignado para el año. A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción en compras públicas:

En esta categoría se consideraron las instituciones que tienen un gasto mayor a los 3 mil millones de pesos anuales y son aquellas que concentran 82% del gasto federal.

En primer lugar está el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), en segundo la Casa de Moneda de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre las prácticas de riesgo están que 99% de los contratos se adjudicaron directamente, 43% de las compras no tienen contrato y 43% se publicaron tardíamente.

Son aquellas con un gasto entre mil y 3 mil millones de pesos.

La posición número uno le corresponde a la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas (API-Guaymas), seguida por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), y en tercero Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Aquí son gastos menores de mil millones de pesos. Destaca la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), seguido Del Hospital General Dr. Manuel Gea González y Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).

Finalmente, son los que tienen un gasto menor a los 50 millones de pesos. El podio se lo lleva la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), respectivamente.

Cabe mencionar que el IMCO desatacó que no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), pues las compras no son publicadas en Compranet.

Ante este panorama, el IMCO propone dar seguimiento a la iniciativa de reforma que busca reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el objetivo de promover la estricta separación de las labores de fiscalización y administración del gasto que lleve a cabo la SFP, así como el correcto funcionamiento y coordinación de las estructuras de control interno.

También propone establecer mecanismos de control y campos homologados en la plataforma de compras públicas Compranet.

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