Buscan establecer el derecho a ser buscado a rango constitucional para combatir la desaparición forzada

Manuel Vázquez, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó que el Estado garantice el derecho a las personas a ser buscadas, esto para atender los casos de desaparición forzada, trata de personas o extravío haciendo uso de las diversas instituciones y mecanismos.

Para materializar este propósito, Velázquez Arellano planteó la modificación al Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El legislador planteó la necesidad de elevar a rango constitucional este derecho para poder hacer frente, especialmente, al delito de desaparición forzada, uno de los crímenes que dañan más el tejido social en México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México hay más de 90 personas cuyo paradero se desconoce: 23 mil 645 son mujeres y 71 mil 393 hombres y 518 casos no están determinados.

Tan solo de 2015 a mayo de 2022 se han contabilizado 5 mil 468 víctimas registradas de trata de personas. En 2021 hubo 744 víctimas de este delito y la mayor parte de estos casos se registró en la región centro de México: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo, entidades que concentran el 46 por ciento de la incidencia.

Además, existen miles de personas migrantes cuya desaparición es denunciada por familiares y organizaciones. El Registro Nacional arroja que son 20 mil 892 casos de personas desaparecidas sin nacionalidad de referencia y 2 mil 677 de personas extranjeras.

Dicho ilícito permea a más demográficos, pies según la Red por los Derechos de la Infancia en México, cada día desaparecen 4.6 menores, donde el reclutamiento forzado por parte de las organizaciones criminales suele ser uno de los principales motivos, por lo que el morenista consideró como un derecho fundamental que el Estado realice las actividades de búsqueda correspondiente para disminuir este delito.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se dictamine y, para pedir opinión, a la Comisión de Derechos Humanos. Cabe recordar que dicha iniciativa será discutida y votada en el Pleno de la Cámara de Diputados hasta que dé inicio el nuevo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura.

Bajo la lógica de la promoción de derechos humanos al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, María Macarena Chávez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al ejecutivo federal a que promuevan las acciones necesarias para liberar los recursos destinados en el PEF 2022 a la Red Nacional de Refugios a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM).

Específicamente, la propuesta solicita a la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría del Bienestar a que trabajen de manera coordinada para que se pueda disponer del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en beneficio de las mujeres que necesitan instalarse en un lugar seguro y ajeno al lugar en el que son víctimas de agresión.

Esta iniciativa, además de abonar a la agenda de promoción de derechos humanos, aborda una temática con perspectiva de género en favor de la generación de espacios libres de violencia para las mujeres, ya que en numerosas ocasiones, las parejas sentimentales o familiares directos hombres son quienes ejercen este tipo de conductas en detrimento del sano desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres.

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