Este domingo 19 de junio se festeja en México el Día del Padre, sin embargo, festejar a papá no es algo que a muchas personas les genere ilusión, sobre todo si esta figura se encuentra ausente en 4 de cada 10 familias mexicanas de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su censo del 2010.
El abandono paterno es un problema que aqueja no solo a los hijos e hijas que crecen sin un padre, sino también a las madres solteras, en quienes cae toda la responsabilidad económica y física de sostener a la familia. Ante esta expresión de violencia económica contra las mujeres, niñas y niños, Diana Luz Vázquez no se ha quedado callada.
Han pasado casi cinco años desde que el padre de Sabina, su hija, se deslindó por completo de su responsabilidad. A partir de entonces, ella persiste en sus exigencias para que se apruebe una iniciativa que lleva por nombre el de su pequeña.
La Ley Sabina es una propuesta de 40 reformas legislativas a los Códigos Civiles y Penales locales que fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México el pasado mes de mayo.
El proyecto modifica el Código Penal en el delito de “omisión de cuidado”, en el que plantea una pena de seis meses a tres años de prisión, una multa de 150 a 500 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y actualización (de 14 mil 433 a 48 mil 110 pesos), y privación de los derechos familiares “a quien abandone a una mujer o persona con capacidad de gestar con la que ha tenido relaciones sexuales y como resultado se ha producido un embarazo”.
En 2021, el total de carpetas de investigación abiertas por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar fue de 23 mil 285. Sin embargo, estos datos no hablan por las muchas madres solteras que se abstienen de iniciar un proceso judicial en contra de los deudores, pues los trámites en sí mismos representan una considerable inversión de tiempo y dinero, más aún cuando el hombre no reconoce a los hijos.
“Tan solo los costos de la prueba de ADN en México [de las cuales las madres tienen qué pagar la mitad] son de 20 mil pesos, ¿Qué mujer de a pie, después de pagar abogados, estar yendo a las audiencias, saliéndose de trabajar, puede pagar esta cantidad?”, cuestiona Diana.
Es por ello que la iniciativa propone que la conducta de abandono se agrave si la mujer carece de los recursos necesarios para brindar alimentación, habitación y salud a ella misma en gestación o a sus hijos nacidos.
También promueve la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, padrón que hasta ahora solo tienen público ocho de los 32 estados de la República, para que con ello cualquier persona pueda ver los nombres de quiénes adeudan pensión.
Esto ya ha sido trabajado desde junio de 2021 por la misma Diana Luz, quien con apoyo de más mujeres que se encontraban en la lucha por una pensión alimenticia digna para sus hijos e hijas, se lanzaron a recorrer las calles de Oaxaca en una dinámica que nombraron “Patrulla feminista”, en la que exponían públicamente a los hombres denunciados y les recordaba los adeudos que tenían con su familia. De ahí continuó con los “tendederos de deudores”, con el mismo fin.
La Ley Sabina incluye además, medidas para garantizar que el deudor realice los pagos correspondientes a la manutención, por ejemplo, su imposibilidad de salir del país, así como la intervención del Ministerio Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigación de los padres morosos.
En países europeos como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y Finlandia, el Estado adelanta las cuotas alimentarias. En España, a los hombres que incumplen sus responsabilidades se les retiene el salario, las devoluciones de impuestos, agregando el que se les embargan cuentas bancarias y bienes; se les detraen prestaciones de la seguridad social y hasta se les envía a prisión.
Por su parte, Estados Unidos sanciona a los padres con no renovar su licencia de conducir, el cierre de sus cuentas bancarias, el impedimento de acceder a su jubilación y, en caso de reembolso de impuestos, los intercepta para cubrir la deuda. En Latinoamérica, Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador se les prohíbe la salida del país.
En México, el Artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México, estipula que a quienes incumplan estas obligaciones “se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días de multa; suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño”. No obstante, dice Diana Luz, en la práctica esto muchas veces no se aplica.
“Son las instituciones que deberían encargarse de velar por el Interés Superior de la Infancia [...] pero muchas veces los jueces y juezas se prestan para que los deudores sigan ganando tiempo, cambien de nombre sus propiedades, sigan evadiendo el pago de sus responsabilidades y sigan revictimizando a las madres y a sus hijos”
La propuesta fue enviada al Congreso por la diputada morenista, Ana Francis López, y actualmente se encuentra en comisiones para su posterior discusión en septiembre de 2022.
Las Integrantes del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios recalcan la importancia de visibilizar la problemática en este Día del Padre: por su parte, Diana comenta que si bien es cierto que se habla de reconocer a padres responsables, porque los hay, también existe una gran cantidad de padres que no están cumpliendo con sus obligaciones.
“Nosotras tenemos la propuesta del ‘Feliz día del Padre Ausente’, buscamos dar a entender que un agresor jamás va a ser un buen padre y que no es un favor lo que estamos pidiendo, es un derecho”, aseguran las integrantes de la organización.
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