“De los 52 periodistas que han sido ejecutados a lo largo del presente gobierno, solamente en cinco casos se ha dictado sentencia”, señalaba Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, el pasado 27 de enero.
Para esa fecha, los nombres de José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López ya vislumbraban en el listado de periodistas asesinados en el 2022 - el que ahora, con 11 homicidios acumulados, es considerado como el más letal contra la prensa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), en la primera mitad del presente año se han registrado 9 periodistas asesinados, de los cuales, ninguno ha recibido sentencias condenatorias a los culpables; todos, hasta el momento, han quedado en meras detenciones.
A pesar de ello, López Obrador volvió a insistir que su administración no existe la impunidad que el propio Encinas reconocía meses atrás: “No hay impunidad. Y si tu opinas lo contrario, me lo pruebas”, respondió al periodista que cuestionó dicha crisis en la mañanera de este 14 de junio.
El pasado 7 de junio, un grupo de congresistas del Partido Demócrata envió una carta al presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, solicitando la revisión de un programa financiado por Washington para la protección de los periodistas en México.
Esta acción se suma a los llamados que otras organizaciones, como Human Rights Watch (HRW), y entes internacionales, como el Parlamento Europeo, han hecho a López Obrador para frenar la violencia y el hostigamiento contra la prensa que ha perpetrado desde el estrado de Palacio Nacional.
No obstante, este tipo de exhortos fueron demeritados por el Jefe del Ejecutivo al señalarlos como una estrategia política del extranjero para demeritar la imagen de su administración.
“No es como se difunde en el extranjero. (...) Están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas. Pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y política porque nosotros no establecemos complicidades”.
Y es que las conferencias matutinas del tabasqueño han sido espacios desde donde ha tachado a varios periodistas y medios de comunicación críticos de su administración de ser “fifís”, “mercenarios” o “afines al régimen”. Tanto así que, incluso, se instauró la sección del “Quién es quién de las mentiras”, a la cual la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) instruyó suspender.
No obstante, López Obrador ha sido firme en su postura de negar categóricamente que su administración violente y censura a las y los “auténticos periodistas”, pero aceptó que sí cuestionan a aquellos quienes, según él, “apoyan al régimen de corrupción”.
“Aquí cuestionamos a los periodistas que han actuado en contubernio con autoridades represivas (...) Pero esto no es lo que sucede con la mayoría de los periodistas“.
A nadie se ha reprimido. Se garantiza en México el derecho de expresión, de manifestación, de disentir. Lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica
Para sostener esta postura (y a modo de solaparla), AMLO se jactó de la entrada en vigor del reciente programa de Seguridad Social para Periodistas, el cual se creó para garantizar el bienestar de la prensa que “trabajan honradamente y, por lo mismo, no son tan famosos ni reciben tanto dinero”, señaló.
Uno de los profesionales que más ha vislumbrado en el discurso del mandatario ha sido Carlos Loret de Mola, hacia quien se intensificaron los ataque tras la publicación del reportaje de la Casa Gris del primogénito de Andrés Manuel - en cuyas réplicas cruzó la línea de la violación a sus datos personales.
Sin embargo, en sus últimas dos mañaneras, el tabasqueño ha arremetido contra Carmen Aristegui por, según él, estar a favor de la coalición opositora, Va por México, e involucionar al compartir una postura del empresario, Pedro Ferriz de Con.
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