Las acciones y decisiones del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la preferencia del Estado sobre la iniciativa privada en los temas como petróleo y electricidad, siguen causando un serie de advertencias y polémicas a nivel internacional. En la ocasión más reciente, el renombrado periódico estadounidense Wall Street Journal expone con el ejemplo de tres compañías de Estados Unidos el como la actual administración está prácticamente echando a las empresas extranjeras del país.
El texto se titula “México apunta a empresas privadas, amenazando décadas de crecimiento económico”, y señala como, tras años de avanzar hacia las energías limpias y una especie de sinergia entre el gobierno y la iniciativa privada que se veía traducida en costos más bajos de los servicios energéticos para los mexicanos, actualmente el país tiene una regresión a prácticas nacionalistas que evocan lo hecho en la época de 1970.
“Perseguir a las empresas privadas puede parecer algo del libro de jugadas de la Venezuela socialista en lugar de México, que en las últimas décadas se ha transformado en una de las naciones más globalizadas del mundo, firmando acuerdos de libre comercio con más de 40 países y utilizando las exportaciones manufactureras para convertirse en el segundo socio comercial más grande de los Estados Unidos. En el camino, sacó a millones de sus ciudadanos de la pobreza”, señala el artículo.
Y es que en febrero pasado, Monterra Energy, subsidiaria de la multinacional KKR, buscaba emprender acciones legales contra México y solicitar una indemnización de unos 667 millones de dólares por el que acusaba como cierre “ilegal”, durante cinco meses, de su terminal de importación de combustible en el oriente del país.
La empresa con sede en Houston, Texas, presentó entonces una “notificación de intención de presentar una demanda de arbitraje”, alegando que el cierre de su puerto en Tuxpan fue ilegal y discriminatorio y que el gobierno mexicano violó las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue sustituido por el TMEC.
“En muchos sentidos, la planta de electricidad fuera de servicio en las afueras de Monterrey es una metáfora de la economía estancada de México y un atisbo del futuro económico potencial del país”, advierte el WSJ.
No hacen la alerta de casualidad. Monterra no sería la primera empresa con sede en Estados Unidos que busca una acción legal internacional en contra de México.
En mayo de 2021, Finley Resources Inc, una empresa de servicios petroleros de Texas, presentó una demanda de 100 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, alegando que México violó las protecciones a inversionistas asentadas en el TLCAN.
Monterra aseguró que su puerto en Tuxpan fue cerrado por la fuerza “sin ninguna justificación legal” en septiembre del año pasado tras una inspección del regulador energético mexicano.
La empresa añadió que, durante la inspección y el cierre, estuvieron presentes personal armado de la Guardia Nacional así como funcionarios del organismo regulador de seguridad, energía y medioambiente del país.
En tanto, la publicación estadounidense indicó que sin que se cuente con inversión privada en parques eólicos o solares, “la capacidad de energía renovable del país se estancará”, al recordar que actualmente la empresa del Estado construye cinco centrales eléctricas a gas natural y que no planea abrir su primer parque solar hasta 2027. “No tiene planes para parques eólicos”, subrayan.
“Las políticas del gobierno están haciendo que el país pierda una oportunidad histórica de atraer a más empresas estadounidenses que intentan diversificar sus cadenas de suministro fuera de China y enfrentan una creciente escasez de mano de obra en el país, dicen los economistas”, apuntan señalando que durante los tres primeros años de López Obrador la inversión extranjera directa promedió USD 31 mil 400 millones al año frente a los USD 35 mil 700 millones anuales de su antecesor.
“Las medidas le costarán a México miles de millones de dólares en inversiones perdidas; elevar los precios domésticos de la energía; limitar el crecimiento de la producción de petróleo y electricidad; y dañar la competitividad de las empresas mexicanas y de cientos de multinacionales que aquí operan, según el gobierno de Estados Unidos, empresas privadas y economistas. También corre el riesgo de provocar una mayor migración de mexicanos en busca de trabajo a los EEUU”, advierte el texto.
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