Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son señalados por dejar escapar a un supuesto narcomenudista del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien fue identificado como uno de los responsables del asesinato de Jesús Francisco Ramos Labrador, agente de la Guardia Nacional acribillado en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con diversos reportes locales, los militares tuvieron al alcance a Abdías Ojeda Sánchez, el Dragón y/o Mascarita, quien se encontraba frente al punto de venta de drogas donde ocurrió el crimen, que presuntamente, concretó Víctor Núñez Burgos, el Scrapy, también del CJNG.
Los informes consignados por Zeta apuntan que Ramos Labrador dio positivo al consumo de crystal y cocaína, tras necropsias praticadas al cuerpo que quedó sin vida en la Avenida Venustiano Carranza, colonia Castillo de la Delegación Centro, la madrugada del pasado 1 de junio.
Tras un forcejeo, señaló el semanario, fue el Scrapy quien disparó, luego de que el Dragón había despojado de su arma de cargo al agente de la Guardia Nacional que se encontraba en su día de descanso e iba vestido de civil.
En tanto, el Medio Punto Norte informó que el Dragón se refugió en el motel San Carlos, cercano a la zona donde sucedieron los hechos. Presuntamente, se trata de un lugar identificado como centro de distribución de drogas y tráfico de personas.
Poco más de media hora después, con la pistola en su poder, este sujeto tuvo tiempo de bañarse y cambiarse de ropa para salir del sitio. Las versiones iniciales señalan que había contactado a alguien que le indicó ausencia de oficiales. Pero ya en la calle fue interceptado por elementos del Ejército que lo interrogaron sobre el caso.
Sin embargo, el Dragón se hizo el desentendido, negó conocimiento de cualquier cosa y argumentó que había pasado la noche con unos amigos. Incluso, los mismos militares acompañaron al presunto integrante del CJNG a la habitación de la que provenía para pedir 10 pesos que necesitaba para tomar un taxi.
Aunque ya fueron giradas las órdenes de arresto y se recuperó abandonada el 6 de junio la pistola que portaba Ramos Labrador, los presuntos narcomenudistas y asesinos del agente federal no han sido detenidos.
Baja California enfrenta una ola de violencia prolongada que la ubica como el segundo estado a nivel nacional con más asesinatos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde la narcoguerra del Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Cártel de Sinaloa.
Desde diciembre de 2018 y hasta abril del año en curso, las autoridades federales han contabilizado 8 mil 854 homicidios dolosos en el estado gobernado desde este 2022 por la morenista Marina del Pilar.
Jaime Bonilla, del mismo partido en el poder, admitió en julio de 2021 que esos índices han aumentado por la lucha de cárteles en Baja California, tanto aquellos que están arraigados, como los que incursionaron en los últimos años.
En aquel entonces hizo énfasis en el problema que enfrenta Tijuana, catalogada como la segunda ciudad más violenta del mundo. Y aunque la narcoguerra no se inauguró con él, tampoco pudo contenerla, pese a presumir coordinación entre Ejército, Guardia Nacional, Marina, policías e instancias ministeriales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de septiembre pasado, la percepción de inseguridad aumentó cuatro puntos en Baja California de 2019 a 2020.
El 68% de los habitantes no se sentían protegidos en su ciudad, colonia ni calles, durante el gobierno de Jaime Bonilla. La inseguridad fue la principal preocupación entre bajacalifornianos, donde solo 10% de los delitos se denuncian y el 89.8% representan una cifra negra, porque nunca fueron consignados ante la autoridad.
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