La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, informó que la tarde de este jueves 2 de junio será extraditado de Miami, Florida, Estados Unidos, a México el exmandatario César Duarte Jáquez, con el fin de que enfrente a la justicia por presunta malversación de fondos.

Conviene recordar que el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue aprehendido el 8 julio de 2020; después fue puesto a disposición oficial por las autoridades locales de la fiscalía De Chambers, donde ha esperado la extradición al territorio nacional.

Horas más tarde del anuncio de la gobernadora panista, alrededor de las 14:13 horas de este jueves 2 de junio, según información consultada por Infobae México, Duarte Jáquez aterrizó en el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser procesado por malversación de fondos públicos.

Su detención ocurrió tiempo después de que fue acusado por el gobierno de Javier Corral; de acuerdo al miembro del Partido Acción Nacional (PAN), el priista fue la mente detrás de algunos desvíos de recursos del erario estatal, cifra que se estima en 275 millones de pesos.

No obstante, en total, el exmandatario obtuvo en su contra alrededor de 21 órdenes de aprehensión en el territorio nacional, emitidas específicamente por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y otras más por la Fiscalía estatal.

Sin embargo, Duarte Jázquez no es el único político que ha enfrentado este tipo de situaciones, puesto que también se ha señalado el nombre de otros exgobernadores como Javier Duarte -Veracruz-, Jaime Rodríguez Calderón -Nuevo León-, Roberto Sandoval -Nayarit- o Guillermo Padres -Sonora-, por mencionar algunos.

Javier Duarte de Ochoa fue jefe del ejecutivo local de 2010 a 2016; sin embargo, actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte pagando una condena por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Aunque no son los únicos delitos de los que se le acusan, debido a que también ha sido señalado por desaparición forzada.

La orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa se dio a conocer el 14 de octubre de 2016; tuvieron que pasar más de seis meses para que se reportara su detención, la cual ocurrió el 15 de abril de 2017 en Guatemala.

Su esposa Karime Macías también enfrenta un proceso judicial, debido a que fue acusada por el exmandatario estatal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de ser una pieza clave en la trama de corrupción de la entidad. Entonces, señaló a la mujer del presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasma durante su etapa como presidenta del DIF Veracruz.

El pasado 15 de marzo de este año, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León arrestó a El Bronco en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control, se le acusó, entre otros delitos, de un presunto desvío de recursos utilizados durante la campaña para la Presidencia de la República en 2018.

El exgobernador fue detenido a las afueras de un rancho en el municipio de General Terán y llevado al Penal 2 de Apodaca, en donde se encontraba hasta el mes de abril, luego de que un juez determinara que ameritaba prisión preventiva.

No obstante, la esposa del exgobernador, Adalina Dávalos, notificó que su esposo se encontraba en alto riesgo de enfrentar un cuadro de neumonía, luego de que se presentara líquido en sus pulmones, también conocido como derrame pleural tras dos operaciones del colón.

Ante los problemas de salud, el juez Juan Roberto Ortiz aceptó modificar la medida cautelar de prisión preventiva, para que este permanezca de ahora en adelante en arraigo domiciliario en el proceso judicial que se le sigue por presunto abuso de autoridad en el caso de la Ecovía, que aconteció en 2016.

El 12 de junio de 2020, 12 junio, el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Semanas después, el 6 de julio, fue vinculado a proceso por cuarta ocasión, esta vez por el delito de falsificación de documentos para presuntamente adueñarse de 58 hectáreas cercanas a su rancho El Ensueño, ubicado en el municipio de San Blas.

Además, enfrentaba tres cargos distintos. El primero es por presuntos delitos electorales, se le acusón de usar en 2017 el Programa de Seguridad Alimentaria para condicionar el voto; otro por el desfalco de 83 millones de pesos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado; por último, un delito del fuero federal por la supuesta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, en diciembre del 2021, la Fiscalía General de la República solicitó 15 años de cárcel para Sandoval, aunque podría reducir su condena si se ofrece a colaborar con las autoridades.

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