José Roberto Uribe Ruiz, quien se desempeñaba en la Unidad de Inteligencia Cibernética y permaneció en la fiscalía capitalina, fue detenido por supuesto espionaje a políticos de Morena, entre ellos, el actual canciller de México, Marcelo Ebrard.
El funcionario fue arrestado en la sede de la Policía de Investigación, adscrita a la dependencia ministerial que encabeza Ernestina Godoy, en la alcaldía Cuauhtémoc, junto al llamado búnker de la fiscalía. Se presume que es el primero en una larga lista de una decena de presuntos objetivos.
De acuerdo con los reportes, esta red de intervenciones operó desde la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo el cobijo de quien fuera jefe de gobierno de la capital del país, Miguel Ángel Mancera.
Hasta septiembre de 2020, la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había reportado indagatorias por presuntas actividades de tipo político durante la administración pasada. Presuntamente, esas acciones se desarrollaban en un inmueble ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, en la colonia Doctores.
Versiones en la prensa destacaron espionaje a personajes de alto nivel de Morena como quien funge al frente de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y la titular del Ejecutivo capitalino, Claudia Sheinbaum, así como Ricardo Monreal y Patricia Mercado, entre los 119 espiados.
En la red están implicados Héctor Serrano, exsecretario de gobierno de la capital hasta 2015; Gustavo Alberto Caballero Torres, director de Instrumentación de Políticas y de Tecnologías de la Información; así como Roberto Hernández Reyna, señalado en diciembre de 2018 como el encargado de dirigir el centro de espionaje.
Todos ellos, junto con ocho subordinados más, tuvieron acceso a tecnología de punta, capaz de intervenir celulares, manipular contenidos y activar de forma remota diferentes aplicaciones, así como equipo telefónico y de cómputo.
Presuntamente, las instalaciones de espionaje contaban con 42 computadoras, 12 motocicletas, 10 automóviles y drones, indumentaria y salarios que fueron pagados con dinero obtenido del presupuesto de la administración que lideraba Miguel Ángel Mancera.
Los informes señalan que resta red de vigilancia extrajudicial fue establecida casi a un año de que el perredista comenzara sus gestiones en la Ciudad de México y lo desmanteló meses antes de que Claudia Sheinbaum tomara protesta como nueva jefa de gobierno de Morena.
El seguimiento a Marcelo Ebrard derivó de sus vínculos cercanos con quien entonces solo era dirigente político y aspiraba al Ejecutivo federal, López Obrador. Para ese entonces, el tabasqueño ya se había deslindado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para fundar su movimiento con allegados políticos y competir en las elecciones de 2018.
Entre las funciones del personal de esas oficinas de espionaje estaba escuchar las llamadas telefónicas, estar al pendiente de las ubicaciones y establecer supuestos planes de seguridad para la Secretaría de Gobierno local del sexenio de Mancera.
Las indagatorias preliminares se enfocaron en equipos electrónicos, donde entre 2016 y 2018, se habían registrado miles de minutos de conversaciones telefónicas, además de mensajes intervenidos de aplicaciones como Telegram. Aunque también se detectaron decenas de sábanas de llamadas.
Lo mismo se incluía a políticos, académicos y funcionarios públicos, de acuerdo con las revelaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicado hace 20 meses y del que no habían trascendido mayores reportes.
Uno de los factores que impidió el curso de las indagatorias fue que se eliminaron miles de archivos de las computadoras, además del robo de 23 portátiles del edificio. La fiscalía capitalina, sin embargo, ahora parece avanzar.
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