El desplazamiento forzado interno por la creciente violencia en México vulnera los derechos humanos de la infancia y afecta su seguridad, sus posibilidades educativas, su salud, e incluso, su construcción identitaria y su sentido de pertenencia, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Rocío Aznar, jefa de protección a la infancia de Unicef México, presentó este jueves el informe llamado “Es mucho daño lo que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México”, el cual se realizó entre agosto de 2020 y enero de 2021.

La investigación tuvo como objetivo identificar y analizar cómo el desplazamiento forzado dentro del país afecta las condiciones de vida y los derechos de los menores de edad que se encuentran en las fronteras de Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California.

De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en 2018 se estimó un acumulado de 338 mil personas desplazadas en México por motivos de conflicto y violencia, de las cuales casi un tercio correspondía a niñas, niños y adolescentes.

“El desplazamiento forzado interno es una problemática social y no solo un fenómeno de movilidad”, destacó Aida Silva, investigadora del Colegio de Estudios de la Frontera Norte (Colef) y coautora del informe.

La investigadora precisó que el estudio hace referencia a las condiciones en las que se encuentra parte de la infancia, con afectaciones en el tejido social. Señaló que muchas veces, los menores que se ven desplazados se ubican en estado de pausa en espacios sociales de los que quedan desprendidos, además de que cargan costos en formación escolar, física y salud mental.

María Dolores París, investigadora del departamento de estudios culturales, recordó que el desplazamiento es una problemática histórica en el mundo. Sin embargo, en México, esta situación se agudizó con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, estrategia de seguridad implementada durante el mandato del ex presidente panista Felipe Calderón (2006-2012).

Señaló que las personas, especialmente originarias de los estados de Michoacán y Guerrero, se vieron forzadas a emigrar de sus lugares de origen debido a dos principales factores: la violencia por el crimen organizado y la violencia intrafamiliar.

La mayoría de ellos, abundó, se desplazó a la frontera norte en búsqueda de asilo en Estados Unidos, aunque muchos no han logrado ese objetivo, principalmente porque es difícil conseguirlo cuando el desplazamiento está ligado a la criminalidad, aunado al bloqueo de la frontera en los últimos dos años.

Beatriz Alfaro, también investigadora del Colef y coautora del estudio, señaló que con la investigación reveló las condiciones emocionales en las que se encuentran los menores desplazados.

“Se observó la percepción de conmoción, angustia y miedo. Los menores en estas condiciones viven duelos complejos, las pérdidas de sus patrimonios, y esto se refleja en inquietud, llanto frecuente, temor a la oscuridad, rebeldía, frustración”, lamentó.

El informe, no solo detalla la realidad de la infancia en condición de desplazamiento, sino que también da algunas recomendaciones para atender esta problemática.

Aznar señaló que para ello, las respuestas deben plantearse de manera integral y reconocer que existen condiciones que generan el desplazamiento.

“Se debe plantear una estrategia que contemple diversos ámbitos de intervención, generar estrategias para prevenir desplazamiento, dar asistencia humanitaria, asegurar la prestación de servicios para poblaciones desplazadas, además del acceso a la justicia, entre otras cosas”, precisó.

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