Cayeron nueve policías de Puebla vinculados a ejecución extrajudicial de civiles de Coyomeapan

La Fiscalía de Puebla detuvo a nueve policías estatales que serían responsables por una presunta ejecución extrajudicial de cuatro civiles campesinos pertenecientes al municipio de Coyomeapan y presuntamente asesinados en Zoquitlán.

De acuerdo con el reporte de las autoridades ministeriales, se trata de Alberto N., alias Campos, de 24 años de edad; Carlos N. de 26 años; Bernabé N. de 22; José Javier N. de 26; Luis Antonio N. de 33; Jesús N., el Chino, de 26; Moisés N. de 23; Jonathan Iván N. de 25; y Abdo Israel N. de 31 años.

Estos agentes son responsabilizados por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia y daño en propiedad ajena doloso, tras hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en Zoquitlán.

Inicialmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla había indicado que se trató de un enfrentamiento, por lo que los uniformados repelieron la agresión, pero los pobladores acusaron una emboscada arbitraria en hechos en que también fueron heridas cuatro personas más.

Consultada al respecto sobre la posible ejecución extrajudicial, la fiscalía estatal no ofreció un posicionamiento oportuno a Infobae México sobre el supuesto abuso de la fuerza de manera letal en contra de la población desarmada.

Según la Organización Mundial Contra la Tortura, una ejecución extrajudicial se comete cuando alguien que ocupa un cargo público asesina de manera deliberada a una persona sin un proceso judicial.

Las privaciones de la vida de forma arbitraria pueden ser cometida por milicias o los llamados escuadrones de la muerte, además de otros agentes contra quienes están en la oposición política, activistas o grupos marginalizados.

Según indagatorias preliminares, los civiles fueron atacados en el paraje denominado Cobatzalco del municipio de Zoquitlán. En ese punto fue abandonada una camioneta tipo patrulla, además de los cuerpos sin vida de Teófilo Barrera Herrera, de 24 años; Marcelo Carrera Reyes, de 45; y Omar de 15 años.

De acuerdo con reportes locales, integrantes de la Guardia Nacional que arribaron a la zona reconocieron que los policías estatales abrieron fuego contra la población indígena y actuaron como primeros respondientes en el caso. Aunque las autoridades estatales quisieron tergiversar que los uniformados habían sido retenidos.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, no informó de manera inmediata sobre el ataque. Incluso cuando se pronunció al respecto, solo mencionó dos personas sin vida y la policía estatal habló de siete personas heridas. En realidad, eran alrededor de 15 personas que viajaban de regreso a casa tras acudir a una fiesta patronal en Ixtaxochitla.

Los agentes reportaron que personas armadas los habían agredido y decidieron replegarse. Sin embargo, la patrulla abandonada no registró ningún impacto ni destacaron posibles decomisos de armamento de los abatidos.

Sin embargo, la camioneta roja en que iban los pobladores indígenas sí registró diversos impactos por arma de fuego. Las personas atacadas conformaban parte de una organización de resistencia civil que se opone al cacicazgo político de la familia Celestino, quien ha gobernado el municipio en la última década.

Apenas esta mañana, a más de dos semanas de la presunta ejecución extrajudicial, el gobernador de Puebla aceptó que los policías habían sido arrestados y aseguró que no habría impunidad ni protección a nadie.

Aunque previamente se había quejado de la falta de orden, porque desde las elecciones de junio de 2021 el municipio está tomado y no se permite ejercer a Rodolfo García, esposo de Araceli Celestino. Las explicaciones locales señalan que todo se ha querido reducir a conflictos políticos entre Antorcha Campesina y el alcalde del Partido del Trabajo que, a su vez, pertenece a la corriente política que ha mantenido el poder de una facción a otra.

Inés Parra Juárez, diputada federal de Morena, ya presentó un punto de acuerdo para iniciar un juicio político contra Miguel Barbosa, a quien acusa del delito de lesa humanidad, luego de que no se ha esclarecido lo ocurrido en Zoquitlán.

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