El miércoles 11 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homo, Lesbo Bi y Transfobia, la Suprema Corte de Justicia atrajo el amparo que Gustavo y Luis presentaron para que su derecho a la ciudad sea garantizado.
“Cuando escuchamos sobre el Derecho a la Ciudad, nos hablan mucho de peatones, ciclistas, medio ambiente, vivienda, pero poco se dice sobre quienes son esas personas que caminan, andan en bici o habitan la ciudad. Sin duda un porcentaje de esas personas somos personas LGBT+, a las que aun, por nuestra orientación sexual o identidad de género se nos excluye de espacios de la ciudad”
Gustavo y Luis decidieron comprar juntos una casa, tras ver muchas opciones hubo una en un fraccionamiento privado que les pareció linda para habitar juntos. Una vez iniciados los trámites para comprarla, la inmobiliaria les compartió que no sería posible, porque el fraccionamiento no quería que parejas LGBT+ vivieran ahí.
Es decir, en total impunidad, una inmobiliaria define que cierta zona de la ciudad será exclusiva para personas Heterosexuales, algo similar a las “Zonas libres de LGBT+” que más de 30 ciudades de Polonia han declarado para violentar y expulsar a las personas de la diversidad sexual.
El caso de Gustavo y Luis es relevante, porque por primera vez puede ser que se reconozca que estos actos de discriminación afectan directamente el derecho a la ciudad de las personas LGBT+ y que las autoridades Estatales y Federales han sido omisas en garantizar que el acceso igualitario al derecho a la vivienda.
El derecho a la ciudad, lo define ONU Hábitat como el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.
Algo que claramente no sucede para la población de la diversidad Sexual. Por ejemplo, según la encuesta nacional de discriminación el 50% de las personas LGBT+ en México evita con frecuencia algún espacio publico, el 62% de las encuestadas reconoció haber recibido comentarios ofensivos sobre su orientación sexual e identidad de género en su barrio o colonia durante la adolescencia y el 90.3% sintió la necesidad de esconderla.
El 64.4% de las personas encuestadas por el CONAPRED en la ENADIS considera que no se justifica que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja, mientras que el 46% no estaría de acuerdo con que su hija o hijo se casaran con alguien del mismo sexo y 35% no le rentaría un cuarto en su casa a una persona gay o lesbiana.
“Es importante que empecemos a pensar que para que la ciudad sea un espacio seguro para mi, tiene que ser un espacio seguro para todas. Mientras rentar una casa, tomarnos de la mano, ser electas en los consejos de participación ciudadana o en el cavilo, sean experiencias limitadas para un solo perfil de habitantes no podremos vivirnos en una ciudad que nos proteja y promueva la paz”
Andrés Treviño es defensor de Derechos Humanos de las personas LGBT+ y Director de Diversidad Sexual en el gobierno de Jalisco*
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