Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) encabezaron el operativo para detener a cinco policías estatales de Jalisco, quienes se encontraban trabajando y ahora enfrentan cargos federales.
Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de la entidad, confirmó que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local estaban en activo y las autoridades ministeriales del estado coadyuvaron en cumplimentar las capturas en Guadalajara.
“Atendimos a una colaboración solicitada por la Fiscalía General de la República para el cumplimiento de algunas órdenes de aprehensión, precisamente en contra de elementos de la Secretaría”, respondió el funcionario en rueda de prensa.
De acuerdo con lo precisado por la la Fiscalía de Jalisco, las detenciones se llevaron a cabo este 12 de mayo contra los cinco masculinos y Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, secretario de Seguridad de la entidad, colaboró al ser informado del requerimiento.
“Obviamente todo el tema de la investigación, detalles, etcétera, tendría que establecerlos y proporcionarles la Fiscalía General de la República”, apuntó Méndez Ruiz.
Nosotros ahí nos mantendríamos al margen para no entorpecer y no violentar también el tema de la confidencialidad de la investigación, porque no es una investigación que traiga la fiscalía del estado
Medios locales han señalado de manera preliminar que los policías enfrentan presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, de ahí que fueron trasladados de inmediato a la Ciudad de México. Sin embargo, la FGR no respondió de manera oportuna para aclarar esa versión al ser consultada por este medio.
Apenas a mediados de marzo pasado, agentes de la Fiscalía de Jalisco arrestaron a cinco policías de San Pedro Tlaquepaque, quienes están acusados por el delito de desaparición forzada contra un hombre del mismo municipio.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, se trata de Osvaldo Alejandro G., Alejandro E., César Ubaldo M., con nombramiento de policías en línea, así como Rafael Francisco B. y Roberto G., quienes fueron capturados mediante mandato judicial emitido por el Juez de Control y Oralidad.
Presuntamente, los uniformados participaron en la desaparición de un hombre de 34 años el 27 de febrero de 2020 en la colonia Tateposco de la misma demarcación a la que estaban adscritos en Jalisco.
Más de una semana antes, el 16 de marzo, la dependencia ministerial del estado reportó que fueron procesados cuatro policías de Huejúcar, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de un comerciante que viajó desde Zacatecas y cuyos familiares no volvieron a conocer de su ubicación.
La Fiscalía de Jalisco, a través del área Especial de Personas Desaparecidas, formuló la imputación y presentó los datos de prueba en contra de los exagentes municipales, entre ellos, quien se desempeñaba como comandante, Reynaldo M. de 30 años.
Junto con el mando, permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante un año los elementos de línea identificados como Luis Eduardo F. de 26 años, Felipe V. de 43 años y Gilberto Q. de 30 de edad. La decisión fue impuesta por un Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en Colotlán. Los cuatro fueron detenidos una semana antes.
Se establecieron indagatorias que permitieron identificar a los agentes municipales por el delito cometido contra un hombre de 63 años que se dirigía a Guadalajara, pero que sus familiares ya no supieron de él. Jalisco es de las entidades que lideran la lista de personas desaparecidas en el país.
Previamente, el 9 de marzo, las autoridades ministeriales obtuvieron vinculación a proceso, así como la medida de prisión preventiva contra un elemento de la Comisaría de Guadalajara por su presunta participación en el robo de ocho millones en joyas y oro sustraídos de una casa de la capital.
La entidad gobernada por Enrique Alfaro ha sido bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde 2010. Ahí se ha consolidado bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Amenazas, asesinatos y enfrentamientos contra agentes de seguridad derivan de coaccionar para que los funcionarios encargados de resguardar el orden colaboren con intereses criminales.
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