Debido a una serie de cuestionamientos sobre la metodología forense, el 30 de junio de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó a la empresa noruega DNV el acceso a los estudios de los peritos oficiales que trabajaron en la investigación del colapso de la Línea 12, donde 26 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas.
Ese día, la fiscal María de la Luz Alcántar, quien participó en la integración de la carpeta por el colapso de la Línea 12, impidió a un integrante de la empresa noruega el acceso al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde se llevaron a cabo los análisis, reportó Reforma.
La fiscalía capitalina también restringió que DNV pudiera acceder a los protocolos de prueba, procedimientos de limpieza, documentación fotográfica, fractografía, metalografía y dureza, así como a los estándares que siguieron los peritos a cargo de la investigación y sus consecuentes hallazgos.
“La persona autorizada para estar presente en las pruebas únicamente en calidad de observador se condujo de manera inadecuada, ya que pretendió cuestionar al personal de laboratorio, así como a los peritos, respecto de los métodos y formas en los que se desarrollaban los estudios”, detalló el oficio al que tuvo acceso el diario.
La fiscal Alcántar argumentó que no era “lógico” ni “congruente” que la firma noruega solicitará observar los procedimientos de la fiscalía de la CDMX, así como solicitar acceso a documentación y protocolos oficiales, si previamente ya había tomado sus propias muestras para análisis forenses; pues de esta manera se ponía en riesgo “la imparcialidad del peritaje que se está realizando, y, por ende, su valor como acto de investigación”.
El último informe de DNV señaló los factores que derivaron en el derrumbe de un tramo de la Línea 12: falta de vigilancia en aspectos principales como el hundimiento regional, filtraciones, pandeos, grietas soldaduras; sobre todo, después de que en la capital se registraran sismos superiores a una magnitud de 6.5.
También hizo hincapié en que, en caso de que exista alguna otra duda sobre las estructuras, se hará una inspección mediante radiografías, ultrasonido y líquidos penetrantes, a din de realizar un mantenimiento profundo y no solo superficial de la obra.
En el documento final, causa de la polémica con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se describe que no hay reportes de mantenimiento de la estructura desde 2012 a 2019, a pesar de que existe un manual para esta acción.
El reporte, que cuenta con 169 páginas, señala que el manual de mantenimiento fue entregado por el consorcio constructor (ICA-CICSA-Alstom) al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) el 8 de julio de 2013, fecha en que se oficializó la entrega de la obra.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo sentirse “muy tranquila” al respecto y anunció que iba hacer de carácter público el último informe técnico de DNV sobre la causa-raíz del colapso del tramo de la también llamada “Línea Dorada”.
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