La 4T y Vulcan Materials chocan tras suspensión de la planta Calica en Playa del Carmen

El gobierno federal clausuró la operación de la planta La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a causa del aprovechamiento indebido de los recursos naturales de nuestro país y del deterioro del medio ambiente.

La medida de suspensión se llevó cabo luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en la planta dedicada a la extracción de piedra caliza, esto con el fin de verificar si se daba cumplimiento a la normatividad ambiental federal por parte de la empresa en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que durante la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.

“Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente”, advirtió apenas el 2 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano explicó que la empresa había informado que “ya no estaban extrayendo material” en esa región donde se ubica uno de los principales destinos de playa del Caribe mexicano.

“Pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material y cómo están cargando un barco (...). Es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”, se quejó.

La compañía norteamericana acusó al gobierno federal de proceder de manera ilegal contra la operación de su planta en Playa del Carmen y advirtió que recurrirá a las medidas legales necesarias para defender con toda energía sus derechos y reanudar a la brevedad sus actividades.

Vulcan Materials aseguró que cuenta con los permisos ambientales en regla y explicó que apenas en marzo pasado recibió su permiso aduanero de rutina de tres años, lo que le permitió seguir con sus actividades comerciales.

A través de un comunicado, la firma norteamericana expuso que funcionarios del gobierno mexicano emitieron órdenes arbitrarias para cesar de inmediato las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas en su subsidiaria SAC TUN en Quintana Roo.

En ese sentido, López Obrador sostuvo que la empresa recibió sus permisos de operación durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, pero que actualmente sus actividades no se llevan a cabo de manera regularizada.

La Semarnat recordó que en 2017 y 2018, la Profepa había impuesto una clausura y sanciones administrativas a esta empresa por aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado, en superficie y temporalidad en el predio El Corchalito, lo que derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reclamando una compensación de más de mil quinientos millones de dólares estadounidenses, más intereses y gastos procesales.

Las autoridades mexicanas justificaron estas acciones y señalaron que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.