Las mujeres sobrevivientes de tortura sexual por parte de policías en el caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México, pidieron este martes, cuando se cumplen 16 años del suceso, que se erradique esta práctica y se termine la impunidad.
“A 16 años de los actos que desembocaron en la tortura sexual de varias mujeres en San Salvador Atenco, son las sobrevivientes las que continúan exigiendo que se revierta la impunidad y que se erradique esta práctica, para que no haya más mujeres en el país que vivan violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de seguridad”, señaló en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El boletín denunció que las medidas de “justicia” y de “no repetición” para las mujeres sobrevivientes sigue estando vigente, frente a un contexto “en donde la tortura sexual es una práctica que persiste”.
Así lo reflejan datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, que revela que el 64.4 % de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público.
“Por ello, es indispensable cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México”, remarcó el texto.
Es una resolución en la que entre otras medidas ordenó la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluida la cadena de mando, crear un observatorio independiente sobre uso de la fuerza las instituciones policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual.
“A tres años del dictado de fallo, las más sustantivas de estas medidas permanecen incumplidas”, lamentó el Centro Prodh.
Por otro lado, dado que las instituciones de seguridad “hacen un uso arbitrario y excesivo de la fuerza”, incluso de la fuerza letal, también sigue vigente la necesidad de establecer un Observatorio Independiente sobre el Uso de la Fuerza, como lo ordenó en su sentencia la CorteIDH, agregó.
“Las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo”, subrayó.
No obstante, la Fiscalía del Estado de México “continúa prodigando la impunidad, sin que la Fiscalía General de la República impulse decididamente el acceso a la justicia”, concluyó.
El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, elementos policiales de la entidad realizaron un operativo en San Salvador Atenco, con la intención de disolver el movimiento de protesta que surgió en rechazo a la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México que se pretendía construir en Texcoco.
Durante el operativo, dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas fueron detenidas.
Las mujeres no solo sufrieron la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, sino que también sufrieron también tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia, entre otras faltas a los derechos humanos.
El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.
Con información de EFE
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