Tras darse a conocer que un agente de la Guardia Nacional (GN) abrió fuego contra un estudiante, Ángel Yael Ignacio Ramírez, de la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a las autoridades que se investigue y detenga a todos los implicados en el caso, sin importar que formen parte de un brazo de justicia del Estado.
A través de un comunicado que se compartió el redes sociales, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas, lanzó un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), así como al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia para la familia del joven Ignacio Ramírez que falleció y de Edith Alejandro Carrillo Franco, quien resultó herida.
“Conminamos a las autoridades competentes e involucradas intensifiquen sus esfuerzos para la localización, detención y presentación de todos los elementos de Guardia Nacional que presuntamente estén implicados en los hechos”
Asimismo, se informó que será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asumirá “con toda firmeza” la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones, así como para impugnar las resoluciones que vayan en contra de los derechos humanos.
“En este caso y en todos los demás se deben de ejercer las acciones para que ninguna violación a derechos humanos quede impune. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, se pudo leer en el comunicado.
Momentos después de que salió el comunicado, la Guardia Nacional emitió un boletín en el que dieron a conocer su posición sobre el caso y aseguraron que trabajarán en conjunto con las autoridades que llevan el caso, con el fin de que se resuelva la situación.
“La Guardia Nacional reitera su compromiso de que no habrá impunidad en este hecho o en cualquier otro en el que se vea involucrado alguno de sus integrantes”
Además, la organización de seguridad dio a conocer que desde que se conoció el incidente, el personal que estaba presente, sus armas y los vehículos oficiales han estado disponibles para el momento en el que sean requeridos por el Ministerio Público.
Por lo que se reiteró que tienen un compromiso con colaborar con las autoridades, locales y nacionales, que llevan el caso, por lo que entregarán todas las pruebas o evidencias que se consideren focales para el desarrollo de la investigación.
Conviene recordar que fuentes consultadas por Infobae México confirmaron el segundo arresto, tras las agresiones del pasado 27 de abril en Irapuato. Las dependencias oficiales aún no emitían un comunicado para confirmar las detenciones.
Previamente, la Universidad de Guanajuato mostró su sorpresa por la liberación de quien había sido puesto a disposición y fue acusado solo por la tentativa de homicidio, algo que el juez valoró y no otorgó la vinculación a proceso.
Ahora, el caso ha dado un giro, pues el imputado inicial está absuelto, pero dos más fueron señalados de disparar contra los alumnos que cursaban la carrera de Agronomía y quienes viajaban por la localidad de el Copal, cuando fueron agredidos.
Por su parte, los padres del estudiante Ángel Yael Ignacio Sánchez reprobaron la liberación del agente de la Guardia Nacional (GN) que asesinó a su hijo. La Universidad de Guanajuato compartió la carta en donde rechazaron la resolución del juez y exigieron cero impunidad.
En el documento firmado por Normal Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, padres del joven, se solicitó que “su caso sea el inicio de algo distinto” ya que, según con el texto, es común vivir con este tipo de injusticias.
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