#SeguridadSinGuerra envió carta a AMLO en donde solicitó una reunión para hablar de la militarización del país

Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, solicitaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para abordar el tema de la militarización en el país.

Mediante una carta abierta, dirigida al jefe del Ejecutivo federal, #SeguridadSinGuerra recordó que durante la visita de expertos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas, ocurrida del 15 al 26 de noviembre de 2021, los especialistas independientes en derechos humanos alertaron que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado mexicano hace tres décadas ha estado enfocado en la militarización para combatir la delincuencia, lo cual ha sido insuficiente e inadecuado.

Incluso -recordó el colectivo- le recomendó al gobierno federal un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, instando a abandonar el enfoque militarizado, toda vez que, aseguró, “la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y que únicamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para esa tarea”.

“Amnistía Internacional y las organizaciones, personas activistas, expertas independientes y académicas que conforman el colectivo #SeguridadsinGuerra estamos convencidos de que las políticas de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles y no militares (...) Por tanto, vemos con profunda preocupación las declaraciones públicas realizadas por usted que fomentan el clima de violencia e impunidad imperante en el país, así como la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias, organizaciones de derechos humanos y colectivos en búsqueda”, enfatizó la misiva.

La organización lamentó la declaración realizada por el mandatario al asegurar que el Comité “no actúa con apego a la verdad”, así como su afirmación de que “ya no es el tiempo de antes en el que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”, toda vez que las organizaciones de derechos humanos “hemos documentado la participación de militares, incluida la Guardia Nacional militarizada, en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual entre otras violaciones de derechos humanos”, destacó.

La carta, firmada por 24 organizaciones y cerca de 50 personas defensoras de derechos humanos, finalizó enfatizando que el informe emitido por el Comité “es un hecho de suma relevancia para los y las ciudadanos/as de a pie que nos proponemos el trabajo cotidiano en miras a lograr un país libre de violencias y desmilitarizado, donde se respeten los derechos humanos de todas y todos. Sin distinción. En este sentido, nos dirigimos a usted para solicitarle un encuentro presencial con representantes de nuestras organizaciones en vistas a la situación actual de alto riesgo para el ejercicio y defensa de los derechos humanos que presenta la militarización de nuestro país.

La misiva se publicó días después de que Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad, tras la recomendación del CED de las Naciones Unidas. Incluso aseguró que ningún organismo internacional puede poner a México en “el banquillo de los acusados”.

Y es que el CED le exigió al mandatario federal regresar el Ejército a los cuarteles, además de convertir a la Guardia Nacional en una institución con mando civil, tal como había sido planteado desde un inicio.

Para cumplir esta misión, el organismo le recomendó al gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública.

Otro tema que resaltaron los especialistas del Comité de la ONU fue el de la desaparición forzada, delito que -aseguraron- creció de manera exponencial del 2006 al 2021 Hasta el 26 de noviembre del año pasado, en el país había 95 mil 121 personas desaparecidas, de acuerdo al registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Se advirtió que dichos delitos son cometidos, en su gran mayoría, por servidores públicos de los tres mandos, federal, estatal y municipal, así como por integrantes de la delincuencia organizada.

Además, destacaron que existe una impunidad generalizada del 99%, pues no se investiga ni se lleva con la justicia a los responsables de crímenes como desaparición y otras violaciones a los derechos humanos.

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