Este jueves 28 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral, con la que pretende reducir el presupuesto a partidos políticos, la desaparición de los organismos electorales de cada estado de la República así como de los tribunales locales, además disminuir de 11 a 7 el número de consejeros electorales y cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral (INE) a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El proyecto también plantea que esos siete consejeros electorales y los magistrados electorales sean elegidos de forma popular, pero antes de competir en las urnas, los candidatos serán propuestos directamente por el presidente de la República, el Congreso y el Poder Judicial.
De concretarse esta reforma, el actual INE sufriría una de sus reformas más importantes en sus casi 30 años de historia independiente, pues se debe recordar que en 1990, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Instituto Federal Electoral y a partir de ese año las reformas subsecuentes fueron graduales, paulatinas e incrementales.
Con el argumento de ahorrar unos 24 mil millones de pesos, la administración de la Cuarta Transformación busca adelgazar la estructura electoral del país y federalizar las elecciones a través del INEC.
Historia del INE
En 1946, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, promulgó la Ley Electoral, con la que inició la coordinación y vigilancia de los procesos electorales a través de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Posteriormente, en 1973, se transformó en la Comisión Federal Electoral, pero siempre bajo la tutela del Estado.
Durante casi cinco décadas, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), retuvo la presidencia de la República, la Comisión Federal Electoral estuvo adscrita a la Secretaría de Gobernación, por lo que los partidos de oposición enfrentaron dificultades para competir con el partido hegemónico.
En 1990 finalmente se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) con el propósito de contar con un órgano imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones en el país, además de fomentar una mayor competencia partidista.
Dos años después de su creación, el IFE modernizó el diseño de la credencial de elector a la que se le incluyó la fotografía del titular y desde entonces este documento ha servido como un instrumento de identificación personal.
En 1994 se instituyeron los consejeros ciudadanos, que eran personas con un perfil técnico propuestas por las fracciones partidistas en la Cámara de Diputados y debían ser electos por el voto de las dos terceras partes del Pleno.
Ese mismo año se ampliaron las facultades de los órganos de dirección de IFE a nivel estatal y distrital.
En 1996, una reforma constitucional otorgó la autonomía al Instituto y excluyó toda participación y representación del presidente de la República. Además, se creó la figura de la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.
También se pusieron límites a la sobrerrepresentación del partido mayoritario en 8% de su votación global obtenida. Esta apertura en la vida democrática tuvo sus primeros resultados en las elecciones legislativas de 1997, en la pérdida de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados por parte del PRI.
A casi 10 años de su fundación, el IFE organizó la elección federal del año 2000 en la que por primera vez se presentó la alternancia, con el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox.
En 2007, el IFE vivió otra de sus mayores reformas que sirvió para ampliar su capacidad, con las que se establecieron normas para avanzar en la paridad de género en las candidaturas y abrir la posibilidad a las candidaturas independientes.
En el 2014, el IFE evolucionó al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se le permitió coordinarse con los órganos estatales para organizar las elecciones locales para facilitar la participación ciudadana. Además se le otorgó la facultad para ayudar a los partidos políticos que lo solicitaran para organizar sus procesos internos en la renovación de dirigencias nacionales.
La ley establece en este año que el Consejo General debía componerse por 10 consejeros y un consejero presidente, todos ellos nombrados por la Cámara de Diputados.
Se instaura el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad de los funcionarios involucrados en la organización de elecciones federales y locales.
En 2018 el INE organizó una de las elecciones más grandes de la historia, en la que se presentó la tercera alternacia en la elección presidencial en lo que va del siglo.
Con la reforma que propone López Obrador en 2022, culminaría esta fase expansiva de facultades del Instituto a cargo de las elecciones federales y le devolvería al Poder Ejecutivo la facultad de participar en la designación de los consejeros electorales de cara al proceso electoral de 2024.
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