Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una demanda de amparo ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo, para exigir detener la autorización provisional con el que se ejecuta la construcción del tramo 5 del Tren Maya, esto el pasado 27 de abril.
Ambas organizaciones ambientalistas denunciaron que la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) viola el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales ya que las obras iniciaron negando el acceso a la información y la participación pública.
Ante ello, decidieron proceder legalmente en contra del decreto que permite que las construcciones del tramo que iría de Cancún a Playa del Carmen continúen.
“El presidente López Obrador debe detener la construcción hasta que las dependencias realmente cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren para esta hermosa selva biodiversa” dijo Alejandro Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
Cabe recordar que a través de un oficio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la Semarnat avaló desde diciembre de 2021 las obras del Tramo 5 del Tren Maya.
Esto se vio de manera negativa puesto que la medida se tomó sin la necesidad de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo presentará a revisión y análisis ningún estudio de impacto ambiental, programa de mitigación, plan de rescate de flora y fauna o solicitud para el cambio de uso de suelo en terrenos con vocación forestal.
Con el proceso legal impulsado por estas organizaciones, serían ya dos los amparos en contra de dicha sección del megaproyecto impulsado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el pasado 19 de abril, un juez del estado de Yucatán ordenó suspender la construcción del tramo 5 del Tren Maya por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental.
Dicha orden se derivó de la demanda de amparo interpuesta por un grupo de buzos, quienes señalaron la ausencia de una manifestación de impacto ambiental. El amparo fue presentado el jueves 24 de marzo ante el Juzgado Noveno de Distrito por el DMAS y un grupo de espeleólogos y buzos que residen en Playa del Carmen, pero posteriormente fue remitido al Juzgado Primero mediante un acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“El Juzgado Primero reconoce que los buzos tienen interés legítimo y suspensional, que la medida no contraviene el interés y orden público y, como advierte que no hay manifestación de impacto ambiental, reconoce que por principio precautorio es procedente suspender”.
Por su parte, ese mismo día, el presidente López Obrador negó haber sido notificado sobre dicho amparo, sin embargo se posicionó respecto al tema:
“Un juez lo que tiene que procurar es la justicia, para eso está en un distrito, para hacer justicia (...) entonces hay que ver de qué se trata “, agregó. Además, acusó al gobierno de Estados Unidos de financiar grupos contrarios a su gobierno.
Ante la suspensión del tramo cinco, el mandatario mencionó que se “buscará la forma de defender (el proyecto) legalmente”.
Lo que se sabe del Tramo 5
El polémico tramo del Sur del Tren Maya está a cargo de Grupo México y la empresa española Acciona. Contará con dos estaciones (Tulum y Tulum Aeropuerto) y tres paraderos (Xcaret, Puerto Aventuras y Akumal). No obstante, diversas organizaciones civiles, como la del oceanógrafo francés Jean Michel Cousteau, han señalado que la construcción en esa zona no es viable debido al suelo kárstico que hay en la Península.
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