El lunes 25 de abril fue desalojado el campamento de la comunidad triqui que se establecieron por 16 meses en Eje Central de la Ciudad de México por numerosos policías capitalinos.
De igual forma asistieron elementos del DIF quienes amagaron con llevarse a los niños, según denunciaron, si no aceptaban ir a un refugio. Las manifestantes, en su mayoría mujeres y niños, se establecieron ahí para denunciar el desplazamiento forzado por la violencia que se vive en Oaxaca de la región de Tierra Blanca Copala causada por grupos paramilitares del estado.
Dicho desalojo se llevó a cabo tras una denuncia anónima recibida por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en la que mencionaba que los niños de la comunidad estaban sin supervisión de adultos, además de condiciones sanitarias inadecuadas.
Ante la negativa, llegó personal de limpieza que comenzó a tirar sus pertenencias y elementos policiales que las trasladaron a un albergue improvisado.
Por este motivo, la Secretaría de Gobierno compartió la declaración de Rodrigo Ávila Carrasco, funcionario de la secretaría, sobre el desalojo del “plantón” de la comunidad Triqui.
Declaró que con el fin de proteger la “vida de los niños y las niñas del plantón de un grupo de la comunidad triqui que se instaló durante 450 días en las inmediaciones de Eje Central y Avenida Juárez, se dispuso un albergue con todas las condiciones de protección social, carpas, módulos médicos, baños, regaderas, alimentos, pero al mismo tiempo fue abandonado y vandalizado”.
Lo anterior, argumentó, pone en riesgo a niñas y niños de la comunidad. “Hay una irresponsabilidad de parte del dirigente Horacio Santiago”, señaló en el comunicado.
También mencionó que existe un acuerdo en el que se establecen los mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en bloqueos de vialidades como parte de la protesta social en la Ciudad de México el cual rige la actuación del gobierno local y el que entregarán a las personas que mantuvieron el Plantón en Avenida Juárez.
Y advirtió que a pesar de la generosidad y el respeto a los derechos políticos, la CDMX está obligada a dar prioridad a la infancia y a sus ciudadanos.
“La Ciudad de México ha sido solidaria y generosa con los indígenas triquis procedentes de Tierra Blanca, Oaxaca, respeta sus derechos políticos, pero también está obligada por las leyes a poner por encima de todo el interés superior de la infancia. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de proteger los derechos de los habitantes de la Ciudad de México”
Por este motivo, aunado a los protocolos que debe seguir, sentenció que “no se podrá instalar nuevamente el plantón en Avenida Juárez ni en ninguna otra avenida de esta urbe”.
Y exhortaron a la comunidad triqui a resolver sus demandas en la entidad de Oaxaca con sus autoridades locales “de tal forma que la comunidad triqui debe dirigir sus exigencias al gobierno de esa entidad”.
Por último, el comunicado cerró con que el gobierno reitera su “compromiso con los derechos humanos, los derechos de la infancia y los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México”.
Asimismo, de acuerdo con información recopilada por el medio Pie de Página, informó que a las mujeres triqui se les llevó un documento a firmar de parte del gobierno de la ciudad con el que acordaban no volver a manifestarse.
Por último, tras varios encontronazos con los policías que resguardaban el refugio, fueron dejadas en libertad y se dirigieron a la casa del Estudiante ubicada en el barrio de Tepito.
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