La Cámara de diputados y Comisión de DDHH avalaron la creación del Centro Nacional de Identificación Humana

Este martes 26 de abril, en el Senado de la República, se discutirá la aprobación de la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya finalidad es crear el Centro Nacional de Identificación Humana.

Su objetivo sería dar respuesta efectiva al número de cuerpos de personas humanas y sus restos no identificados con una perspectiva de búsqueda e identificación de larga data.

Cabe señalar que apenas el pasado 25 de abril la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos avalaron por unanimidad (con 26 y 28 votos a favor respectivamente) el dictamen presentado por el Ejecutivo Federal.

El Centro Nacional de Identificación Humana formaría parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y contaría con independencia técnico-científica.

La medida se da tras la publicación del Informe sobre la visita de la Comisión de las Naciones Unidas Contra Desapariciones Forzadas, en el cual se da cuenta de la gravedad del problema que enfrenta México en materia de desapariciones, la cual, está acompañada de una crisis de identificación de los cuerpos recuperados en fosas comunes y clandestinas.

Según los datos del documento, actualmente hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar que yacen en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.

De hecho, de acuerdo con la dependencia de la ONU, serían necesarios 120 años para identificar solo los restos ya encontrados con las condiciones en la que se encuentran las instituciones gubernamentales como es el caso del Servicio Médico Forense.

De acuerdo con el documento emitido por la ONU, el Estado debe adoptar 10 medidas prioritarias que van centradas en la atención y prevención de este tipo de casos.

1. Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación

2. Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones;

3. Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; 4. Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio;

5. Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data;

6. Atender la crisis forense;

7. Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial;

8. Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección;

9. Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones;

10.Registrar para establecer estrategias eficientes de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

Por su parte, durante la discusión del caso en la Cámara de Diputados, la diputada Andrea Chávez Treviño, del partido Morena, reconoció que no se ha logrado atender la problemática, “no hemos logrado identificarlos, siguen las familias sin saber el paradero de sus seres queridos porque no contamos en esta herramienta” señaló.

Cabe precisar que Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco,Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.73 % de los cuerpos no identificados.

Por parte del PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik precisó que “más allá de la ideología política, hay temas que unifican y se comparten.”

“Nos sumamos al dictamen, porque la crisis forense que tenemos por las desapariciones forzadas es muy grande. El compromiso que debemos hacer es de presupuesto; se requieren recursos para que pueda funcionar”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: