La fallida contrarreforma eléctrica trajo como consecuencia inmediata la aprobación de una ley que otorga exclusividad al Estado Mexicano en la explotación del litio, elemento químico utilizado en el sector energético como insumo para la producción de baterías y del que se prevé que se pueda convertir en un recurso equivalente al que en su momento tuvo el petróleo. Durante décadas, en el orbe se impulsaron políticas económicas que buscaban disminuir el tamaño del sector público a favor del privado. La nueva normatividad podría implicar un movimiento en el péndulo de la Historia, donde el Estado podría incursionar en mayores sectores en la economía. La pregunta es si lo hará mejor que el sector privado cuando históricamente, en la mayoría de los casos, no ha sido así.
El debate sobre los límites de la intervención del Estado en la economía es histórico. Desde el surgimiento del Imperio Romano, es decir cuando surgió la civilización, el Estado ha intervenido en las actividades productivas a través de impuestos y subsidios. En no pocas ocasiones ha tomado las riendas de las actividades económicas cuando así le ha convenido o bien cuando el sector privado no realiza algunas actividades que los dirigentes políticos consideran importantes.
La crisis internacional de 1929, conocida como la “Gran Depresión”, dio lugar a una política económica que se consolidó en el mundo durante por lo menos treinta años, esto trajo consigo el surgimiento de empresa públicas que se encargaban de producir los bienes y servicios que el quebrado sector privado no podía producir. A casi un siglo de distancia sigue habiendo muchas empresas públicas, tal es el caso de las oficinas de correos, transporte público, universidades, etc. México no escapó a esa inercia. De hecho, llegamos al extremo de tener salas de cine que eran propiedad estatal. Las cosas cambiaron a finales de la década de los setenta.
Los años ochenta marcaron un cambio en la conducción de la política económica en el mundo entero. Esto se manifestó en la privatización de empresas públicas, apertura económica, creación de Bancos Centrales autónomos, creación de leyes que protegieron los derechos de propiedad industrial, entre otras. Estas medidas se tomaron como consecuencia de una reducción en las tasas de crecimiento económico y, en ocasiones, por situaciones de auténtico estancamiento económico, tal fue el caso de México.
La política económica seguida en el mundo lleva casi el mismo tiempo que duró la intervención del Estado en la economía. Se ha logrado tener estabilidad de precios, que no es poca cosa, pero los resultados en términos de mayor eficiencia económica, de reducción de la pobreza y de protección al medio ambiente, entre otros temas, no han sido los esperados. La pandemia que seguimos viviendo surgió en un mundo donde el sector salud no estaba preparado y evidenció que algunos sectores no deben ser abandonados por el Estado.
En 2018 se dio en México un punto de quiebre en la conducción de la economía. Las prioridades cambiaron dramáticamente, de modo que ahora se pretende volver a fortalecer la presencia del Estado en la economía. Gran parte de las políticas impulsadas en el actual mandato es lo que buscan. La contrarreforma eléctrica es un ejemplo de ello. Sin embargo, no se logró llegar a un consenso que permitiera cambiar la Constitución. Lo que sí se consiguió fue fortalecer la presencia del Estado en la explotación del llamado oro blanco, el litio.
Una razón por la que fue posible privatizar cientos de empresas públicas fue que el Estado era un mal administrador y que sus productos eran de mala calidad. Está por verse si los administradores de este recurso mineral consiguen que se convierta en motor de desarrollo o si, por el contrario, termina por convertirse en un lastre que impida que la economía crezca. No es verdad que estemos volviendo al pasado, eso es imposible, las políticas pueden recordarnos lo que se hizo décadas antes, pero el contexto tecnológico es ahora distinto, por lo que está por verse si el nuevo Estado empresarial hace las cosas con calidad.
*El Dr. Darío Ibarra Zavala es docente de la UDLAP Jenkins, Doctor en Economía por la New School for Social Research en Nueva York, especialista en la industria de los energéticos
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