La Fiscalía anticorrupción de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados de la entidad, el desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien acusa de los delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación, así como de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante una autoridad.
El vicefiscal, Edgar Núñez Urquiza, acudió al recinto legislativo en donde presentó tres solicitudes relacionadas con igual número de carpetas de investigación, por lo que solicitó un juicio de procedencia contra el mandatario estatal, así lo explicó el propio vicefiscal a los medios de comunicación.
Aseguró que las denuncias contra Cuauhtémoc Blanco fueron presentadas por Enrique Paredes Sotelo, abogado morelense y por Gerardo Becerra Chávez quien hasta hace unos meses era el encargado de una unidad anticorrupción en el gobierno actual.
El vicefiscal informó que en las denuncias están involucrados más funcionarios, pero primero se debe acudir al Congreso para solicitar los juicios de procedencia: “para el procedimiento en el que nos encontramos, primero se tiene que solicitar la formación de causa ante el Congreso local en contra del servidor público señalado”, dijo.
La denuncia más grave es por el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador y su equipo, integrado por sus medios hermanos Ulises y Ricardo Bravo, su primo Edgar Riou y su amigo Jaime Tamayo.
De acuerdo con el escrito presentado por la Fiscalía anticorrupción, los denunciantes presentaron las pruebas de presuntas transferencias, ingresos y cheques cobrados por los funcionarios.
“Los sujetos presentaron una serie de operaciones que se consideran injustificadas, mismas que tienen un alto grado de probabilidad de que provengan de alguna fuente ilícita, ya que no concuerdan con sus ingresos ni con la relación que tienen con sus receptores o depositantes”, lee el escrito.
Por su parte, Cuauhtémoc Blanco negó las acusaciones en su contra. Al término de la ceremonia por el aniversario de la creación del Estado de Morelos, Blanco Bravo se dijo dispuesto a responder a las autoridades en caso de ser requerido.
“El que nada debe nada teme, aquí sigo, tú sabes por quien vienen este, estas, supuestamente investigaciones de Gerardo Becerra y de Paredes. Paredes trabajó en el ayuntamiento conmigo, un rato y Becerra estuvo trabajando con nosotros, entonces, lo tomo de quien viene, mi conciencia está muy tranquila y que me investiguen”, enfatizó.
La solicitud de desafuero plantea un riesgo para Cuauhtémoc Blanco, toda vez que el Congreso local -integrado por 19 diputados tras el reciente fallecimiento de un legislador del PRI- está dominado por la oposición, por lo que la solicitud de desafuero podría proceder y el mandatario estatal podría ser acusado de los tres delitos que ahora se le imputan.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Morelos informó que Blanco Bravo también era investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado, luego de que se difundieran una fotografía en las que se veía al gobernador morelense en compañía de tres presuntos líderes locales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Guerreros Unidos y Comando Tlahuica.
La fotografía, publicada por El Sol de México, aparecía junto a los líderes criminales Irving Eduardo Solano Vera, alias El Profe, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa Meza, apodado La Tripa, cabecilla de Comando Tlahuica y Raymundo Isidro Castro, El Ray, lugarteniente del CJNG, todos ellos acusados de facilitar el narcomenudeo en Morelos.
De acuerdo con el periódico, la imagen fue tomada a finales de enero y principios de febrero del 2019, cuatro meses después de la toma de protesta de Blanco Bravo. El material fue encontrado en el celular de Rosario “N” y/o Esther Yadhira “N”, alias La Jefa, capturada el pasado mes de noviembre en la entidad morelense.
Desde que alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco ha sido señalado de múltiples delitos, entre ellos, su presunto vínculo con integrantes del crimen organizado.
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