Ataques de AMLO a la prensa abonan a la violencia contra el gremio: SIP

Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa, abonan a un “clima de descomposición” y violencia en un país que suma ocho periodistas asesinados en lo que va de año, así lo consideró este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“En tres años, Artículo 19 ha contabilizado mil 945 ataques a la prensa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como 30 asesinatos a periodistas y dos desapariciones. Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85%”, inicia el informe sobre México, que está todavía pendiente de ser aprobado en la reunión de medio año del organismo, que inicia este martes.

La organización recordó que las principales asociaciones no gubernamentales del mundo coinciden en el grado de peligrosidad que existe en México para ejercer la profesión.

Además, precisó que todos los periodistas asesinados en 2022 fueron en “zonas de la provincia mexicana” y la mayoría contaban con antecedentes de amenazas y solicitudes de protección.

Según datos recabados por la ONG Artículo 19 y que cita el informe, López Obrador ha emitido mil 945 ataques a la prensa desde que inició su administración en diciembre de 2018, periodo en el que al menos 30 periodistas fueron asesinados y dos están desaparecidos.

“Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85%”, detalla el informe.

Debido a los ataques a la prensa y los profesionales asesinados, comunicadores de todo el país realizaron en los últimos meses protestas de diversa índole para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero también el cese de las “expresiones de estigmatización” proferidas por la Presidencia.

Sin embargo, el mandatario, según la SIP, “ha minimizado esas exigencias”, insiste en que las cifras de la violencia en México han disminuido y asegura que los medios tratan de perjudicar su imagen con sus críticas.

Además, López Obrador ha acusado en varias ocasiones a los comunicadores de ser parte de una “conspiración empresarial para afectar a su Gobierno”.

Muestra de lo anterior es el espacio en su conferencia de prensa diaria “Quién es quién en las mentiras”, donde critica a medios no afines y asegura que los medios lo atacan “con falsedades”.

La SIP relata que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al presidente que suprimiese dicha sección pero no lo ha hecho.

“En este entorno de descomposición es que se han registrado cientos de agresiones de delincuentes y miembros del crimen organizado, en busca de inhibir la labor informativa”, enlaza el informe.

El pasado mes de marzo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre “la normalización y profundización de la violencia en contra de los periodistas en México”.

A través de un comunicado de prensa, la CIDH urgió a las autoridades a tomar medidas para salvaguardar la vida de los comunicadores, además de luchar contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.

“La Relatoría observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”, se lee en el comunicado.

Aunque reconoció los esfuerzos emprendidos por el Estado, como la creación del Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hizo un llamado a las autoridades a distinguir, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.

“La Relatoría observa fragilidad en las garantías a la libertad de expresión en México y recuerda al Estado que quienes ostentan posiciones de liderazgo público están llamados a mantener un discurso favorable a la deliberación pública, y a abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas”, indica el documento.

El 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que “el Congreso deberá corregir las omisiones detectadas en la Ley General de Comunicación Social, que permiten el gasto discrecional de la publicidad gubernamental, para establecer criterios transparentes y claros sobre su otorgamiento”.

La Cámara de Diputados, controlada por el partido -creado por Andrés Manuel López Obrador-  Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “ha ignorado el tema y solo ha dicho que tiene una prórroga judicial para corregir la ley hasta el próximo 30 de abril”.

Con información de EFE

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