Este 19 de abril el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), detalló que no ha sido informado sobre la suspensión del tramo cinco de una de sus obras insignia: el Tren Maya, la cual ha sido ampliamente criticada por sus opositores y defensores del medio ambiente.
“Todavía no hay una notificación oficial. Solo sabemos lo que ya es de dominio público: hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, atajó el mandatario durante su conferencia matutina.
El presidente agregó que, si bien puede haber gente que esté preocupada por el medio ambiente “por lo general se trata de gente sin convicciones y sin escrúpulos morales ¿Cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente, que no vieron lo que estaba haciendo Vulcan?”, expresó el mandatario, quién señaló que su gobierno podría proceder de manera legal en contra de una empresa constructora estadounidense.
“Un juez lo que tiene que procurar es la justicia, para eso está en un distrito, para hacer justicia (...) entonces hay que ver de que se trata ”, agregó, además, acusó al gobierno de Estados Unidos de financear grupos contrarios a su gobierno.
Ante la suspensión del tramo cinco, el mandatario mencionó que se “buscará la forma de defender (el proyecto) legalmente”.
Cabe precisar que este mismo martes, en el juzgado primero del Distrito de Yucatán se otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo cinco del megaproyecto y con el cual se planea, conectar a Playa del Carmen con Cancún.
Según se ha señalado, esta suspensión surge por que la obra no cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental. De acuerdo con lo señalado, esto se daría tran la denuncia de un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo.
Tren Maya, en constantes señalamientos
De acuerdo con el gobienro federal, “los cerca de mil 500 kilómetros del tren conectarán las principales regiones de la península de Yucatán, desde sus grandes centros turísticos hasta sus comunidades rurales”.
Sin embargo, lo que se perfila como una gran obra de comunicación y vialidad con siete tramos diferentes, ya ha sido señalada en diversas ocasiones por las posibles implicaciones medioambientales que su construcción pudiera llegar a provocar.
El pasado 29 de marzo, activistas de la organización internacional Greenpeace, junto con otros colectivos, se encadenaron simbólicamente a la maquinaria que se utiliza para construir el tramo a la altura de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano.
De acuerdo con la ONG, su construcción no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) la cual es un instrumento de la política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana.
Esta consiste en un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente, y señala las medidas preventivas que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos por la ejecución de las obras o actividades.
La segunda razón, según la denuncia de Greenpeace, se deba a que afecta de manera directa a comunidades indígenas.
“No existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades. Violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación”, aseguran.
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