José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, atribuye que la ola de violencia en el estado se agudiza por la extensión de grupos criminales que han establecido rutas de paso entre entidades colindantes.
El funcionario reiteró las explicaciones que solo había mencionado de manera circunstancial el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con intenciones de buscar la coordinación policial con Jalisco, Guerrero, Colima, Guanajuato y que ya entró en vigor el pasado 24 de febrero con el Estado de México.
Ortega Reyes explicó en entrevista con Infobae México que 45 de los 113 municipios de Michoacán limitan con 46 alcaldías más de cinco estados, algo aprovechado por células delictivas para perseguir sus intereses en un área y refugiarse en otra, buscando impunidad por cualquier delito.
Esta limitancia entre estados, hace por sí la situación delictiva, porque un grupo delictivo puede estar operando en el estado de Michoacán, comete alguna actividad delictiva, comete algún delito y se pasa al estado de Jalisco
Son zonas de poco control, muy alejadas, de pocas vías de comunicación y entonces es lo que aprovechan para realizar sus actividades delictivas
Para el secretario se trata de un problema en que deberían actuar en conjunto, aunque en los últimos 16 años la entidad michoacana se ha mantenido como foco rojo por las disputas territoriales de cárteles que son combatidos, sustituidos, desarticulados y permanecen con remanentes.
Desde 1990 se expandió el Cártel del Milenio en esa región y para 2005 incursionaron los Zetas en la batalla por extender su dominio desde Tamaulipas. Esto llevó a comenzar con la guerra contra el narco en ese estado natal del entonces presidente Felipe Calderón a finales de 2006.
En la primera década de los años 2000 ya había grupos como la Familia Michoacana que fueron atacados y una fractura desembocó en los Caballeros Templarios. Entre 2013 y 2014 surgieron las autodefensas lideradas por civiles que tomaron las armas para protegerse contra los abusos de extorsiones y asesinatos del narco.
Ante el descontrol, el gobierno de Enrique Peña Nieto legitimó a los comunitarios con armas y uniformes, pero hubo una infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otros líderes perdonados para no ser perseguidos continuaron con sus dominios y se conjuntaron en nuevas células que establecieron alianzas en Cárteles Unidos en 2019, al suspender convenios con el grupo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
El gobernador Ramírez Bedolla ha indicado que actualmente operan 12 grupos criminales en Michoacán, según el mapa presentado en sus reuniones con el gabinete de seguridad. Prácticamente, esa presencia es en todo el territorio, pero Ortega Reyes apuntó que los focos de atención son en las fronteras.
Según el secretario, las batallas en Tierra Caliente, en el valle suroeste de la entidad, pueden entenderse por intereses estratégicos para abarcar Colima y Jalisco. Las autoridades federales y locales ya han reiterado que ahí se encuentran células del CJNG, lo mismo que en la zona occidental.
Mientras que del lado oriente de Michoacán, que abarca Zitácuaro y Tlalpujahua, las incursiones son por los mismos objetivos que mantener el dominio en el municipio del Oro, en el Estado de México. En esta zona se han reconocido grupos de la Familia Michoacana, pero cerca de ahí, en Ciudad Hidalgo, intervienen los Correa.
Es por ello la importancia de fortalecer convenios de colaboración con los estados en materia de seguridad pública
La estrategia, apuntó el general en retiro, permitiría actuar en fuerzas de seguridad conjuntas de cada estado para prevenir o reaccionar en la comisión de delitos en las fronteras aprovechadas por los criminales. Pero solo la entidad mexiquense ha dado muestras de colaborar.
Las extorsiones a productores de aguacate o limón, así como intereses en cobrar cuotas ilegales de mineras, no fueron advertidas por el secretario de Seguridad entre las intenciones de criminales para pelear por las plazas. Aunque sí ha reconocido el repunte del consumo de drogas en el mercado negro de Morelia.
Guadalupe Correa Cabrera, investigadora del crimen organizado, ha indicado a este portal que los grupos criminales fragmentados se resisten a desaparecer, porque siguen el modelo delincuencial inaugurado por los Zetas: controlar el territorio y todos los negocios posibles en ese espacio geográfico, tanto la extracción de rentas de negocios legales como aquellos de origen ilícito.
Si se ubican en la frontera norte y sur del país se afianzan en el tráfico de migrantes, lo que a su vez puede explotarse para incorporar el envío de drogas. Pero si están cerca de ductos de Petróleos Mexicanos, el mercado puede ser el robo de hidrocarburos.
Mientras que en las zonas boscosas se puede aprovechar la tala ilegal de maderas preciosas, las costas son empleadas para el desembarque o envío de cargamentos de narcóticos o recepción de precursores químicos para sintetizar metanfetamina o fentanilo. Y la sierra es útil para la siembra de marihuana y amapola, así como ocultar narcolaboratorios.
Aquellos de alcance transnacional como el CJNG y el Cártel de Sinaloa pueden pelear por esos comercios locales, sin embargo, están centrados en la exportación de toneladas de narcóticos por rutas de trasiego desde Sudamérica, Centroamérica, pasando por México con rumbo a Estados Unidos y Europa, aunque sus alcances se han identificado en los cinco continentes.
De modo que la violencia que ha dejado más de 700 personas asesinadas en el primer trimestre de 2022 en Michoacán, tiene alcances más complejos que las disputas territoriales.
Si bien, el secretario expuso qué zonas son de atención prioritaria, también argumentó que la dependencia a su cargo debe contratar al menos a 5 mil policías para cubrir sus labores y así llegar a 10 mil efectivos. A la fecha, la corporación estatal ha tenido que entrar en sustitución de elementos municipales en 12 alcaldías y dos localidades, que no cuentan con seguridad local.
Algunas intervenciones fueron en demarcaciones ubicadas en las fronteras, como Tlalpujahua, donde fueron asesinados tres agentes y un taxista en octubre del año pasado y el resto de efectivos renunciaron por temor.
SEGUIR LEYENDO: