La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vio “omisiones” e “inconsistencias” en el informe que el propio ente emitió en 2018 sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Según explicó la CNDH en un comunicado, el caso Ayotzinapa —de septiembre de 2014— es una historia del “horror”, “ignominia” y “violencia estructural” que involucra a las instituciones del Estado.
En este contexto, se “suscitan prácticas institucionales de revictimización de las personas en situación de víctimas, particular y dolorosamente por parte de los organismos protectores de derechos humanos, como la CNDH”.
Por ello, según informó la actual CNDH —encabezada ahora por Rosario Piedra Ibarra— las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas manifestaron en su momento “inconformidad respecto a diversos aspectos de la Recomendación 15VG/2018″ del propio ente, que en ese entonces tenía como titular a Luis Raúl González Pérez.
Entre las críticas de los familiares de los 43 de entonces, se destacan: las prácticas de revictimización y criminalización, la dilación en la elaboración de la recomendación, la falta de un enfoque claro en derechos humanos y atención a las víctimas y porque “avala de facto” la versión oficial del caso del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
CNDH analiza su propia recomendación
Para remendar estos fallos, la CNDH estableció una propia metodología y equipo que evaluara la posible “existencia de omisiones, inconsistencias o extralimitaciones” en “el marco de las investigaciones realizadas” por el ente.
Por ello, el nuevo “Informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días” incluye un enfoque en derechos humanos, un estándar de investigación y un enfoque victimológico.
El informe “está organizado en 18 apartados que documentan las actuaciones y omisiones que tuvieron las distintas agencias e instituciones responsables de las investigaciones ministeriales, y también se documentan las actuaciones que llevó a cabo la CNDH, y que son el fundamento para la elaboración de la recomendación objeto de estudio”, puntualizó el texto.
Entre los resultados que arroja el informe, destacaron: que no hubo un enfoque “diferencial” a la hora de redactar la recomendación o de brindar atención a las víctimas; que los dictámenes de la CNDH se hicieron “en gabinete” y sin acudir al lugar de los hechos y que la aplicación de los protocolos de Estambul tienen “deficiencias” que impidieron documentar las torturas.
El nuevo informe también advierte que la Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una lógica de “investigación ministerial” y sin documentar las violaciones a derechos humanos y que lo hizo “bajo secrecía y con fragmentación” de la información.
También que se obvió el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos y que no se consideró “la importancia” de investigar la cadena de mandos policiales, entre otros.
“Finalmente, el informe que hoy se hace público, plantea una serie de acciones para subsanar las deficiencias u omisiones que en su momento se hayan cometido por parte de esta comisión, y más aún por las autoridades encargadas de esclarecer los lamentables hechos, para poder diseñar el esbozo de una ruta que permita cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, incluida la CNDH”, concluyó.
El 25 de marzo de 2021 la CNDH ya se criticó a sí misma por este mismo informe.
En ese entonces señaló que no se cumplió “con los estándares internacionales” y lamentó que la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 mantenga “la deuda de impunidad”.
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