Revocación de Mandato: nos guste o no

Desde que México renunció a la fisonomía de Tenochtitlán y de la Nueva España para dar paso a la vida independiente y democrática que conocemos actualmente, hemos presenciado desde entonces múltiples luchas intestinas por la pugna del poder, así como una legítima preocupación en definir, construir y dotar al país de las estructuras necesarias para proteger los sentimientos del pueblo mexicano.

Es cierto, a lo largo de la historia de nuestra nación, hemos atravesado por dos imperios; enfrentamientos violentos entre liberales, que pugnaban por el sistema federalista (reconocimiento a la democracia como a la soberanía de los Estados, libertad legislativa y todos -los varones adultos- podían ser electores), y conservadores, que apoyaban y fomentaban el poder centralista (los gobernantes debían ser elegidos por el Presidente, se restringía el ejercicio legislativo y sólo los hombres que contaban con cierto nivel socioeconómico podían acceder a la toma de decisiones); del Juarismo al Porfiriato; la instauración de la dictadura del Partido Nacional Revolucionario (PNR) -actual Partido Revolucionario Institucional (PRI)- y su caída después de más de 70 años de asfixia a la democracia.

Pero fue gracias al hartazgo generalizado de las y los mexicanos, así como la notoria violación de derechos humanos de los gobernantes priistas que poco a poco se ha conquistado la democracia en México, materializándose en diversas reformas electorales que, entre otras cosas, reconocieron la importancia de la participación política de la ciudadanía, permitieron a otros partidos políticos participar en las elecciones -facilitando su creación y registro-, el acceso a candidaturas independientes, la creación del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) como un árbitro en la materia y el Tribunal Electoral, encargado de la resolución de disputas político-electorales.

Gracias a este recorrido -doloroso- de la vida como nación, nuestra Constitución reconoce, preserva y garantiza el régimen democrático mexicano como un medio para que el pueblo mismo sea quien tome sus propias decisiones y toda determinación sólo pueda ser reformada mediante su voluntad. Sin embargo, por el gran número de ciudadanas y ciudadanos es materialmente imposible la realización de estas funciones y, por ende, se debe recurrir a delegarlas a quienes elijan como representantes, consolidando así lo que conocemos como la democracia representativa. Esto es, el pueblo deposita en ellas o ellos su confianza para que su voz sea escuchada en el momento de la toma de decisiones.

En consecuencia, por la responsabilidad que conlleva su encargo se les somete a un régimen de obligaciones de carácter especial, esto es, su actuación estará bajo el escrutinio público que genera sobre ellos efectos más estrictos, enérgicos y severos porque su actuar siempre debe velar por el bien común y el interés general, cuestiones que en todo momento tienen que prevalecer sobre el individual.

Entonces, cuando un particular asume la responsabilidad de ser representante del pueblo ya sea en una regiduría, sindicatura, presidencia municipal, gubernatura, diputación, senaduría o incluso la presidencia de la República, acepta regirse bajo los más altos estándares éticos y disciplinarios para poder brindarle a la comunidad en su totalidad los medios para que puedan satisfacer sus necesidades y garantizarles una mejor calidad de vida.

Así, cuando existe una violación u omisión a las leyes, reglamentos y demás disposiciones por parte de algún representante público se le puede fincar ciertas responsabilidades que, dependiendo del caso en concreto, pueden ser de carácter político, patrimonial, penal y administrativo.

Por lo que cuando un servidor público desobedece o incumple una obligación, en el ejercicio de sus funciones, tendrá que responsabilizarse por los efectos o resultados que emanen de aquel hecho u acto ilícito a través de la imposición de una sanción, mediante el respectivo mecanismo de control jurisdiccional.

Si bien, durante el tiempo de su encargo, la o el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana; la Constitución no le considera como sujeto para que enfrente un juicio político aunque con sus actos u omisiones llegue a redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

A pesar de ello, con las reformas constitucionales de 2019 se desbloqueó la posibilidad que tiene el pueblo de rescindir la confianza depositada en la persona que ocupa la presidencia de la República mediante el proceso de revocación de mandato, el cual es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía que recoge su opinión y determina la conclusión anticipada o no en el desempeño de tal encargo.

Cabe destacar que para que sea funcional y vinculatorio para la persona titular de la Presidencia de la República, en el ejercicio de la revocación de mandato debe existir mayoría absoluta de los votantes y sólo si la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Circunstancia que lo aleja de ser una práctica sencilla para concretar sus fines y brinda ciertos estándares para que sea una medida que debe tomarse en serio por las repercusiones que podrían llegar a generarse.

Este mecanismo es una expresión de la democracia directa y se diferencia del juicio político porque en el primero el pueblo decide de primera mano en las urnas sobre si sigue el mandato del Presidente o no; y, en el segundo amerita una sanción política impuesta por el Congreso de la Unión.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este ejercicio?

VENTAJAS

• Se reivindica el concepto de la soberanía del pueblo y se transforma en un medio tangible de control popular sobre el gobierno: Si la ciudadanía designa a sus representantes, también puede destituirlos mediante votación libre.

• Exige a los funcionarios públicos tengan mayor cercanía y responsabilidad con la ciudadanía que les eligió, así como el cumplir con sus promesas de campaña.

• Reduce la alienación y manipulación de los votantes.

• Motiva a jugar un rol de supervisión más activo en relación a los funcionarios electos.

DESVENTAJAS

• Existen otros métodos: Si bien pueden ser menos asequibles y más complejos, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos cuenta con un método donde se garantiza el debido proceso como el derecho de audiencia y se sustentan en elementos objetivos y no meramente subjetivos.

• El representante electo debe gobernar para todos, no para una mayoría.

• Fomenta tensión política y genera divisiones en la sociedad.

• Si un representante merece ser revocado, pero existe mayoría de que siga en el mandato, generaría nulo acceso a la justicia.

¿Qué pasó en la Revocación de Mandato 2022?

Si bien en el artículo 41 de la ley de la materia obligaba al INE a habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral 2020-2021; la realidad fue que se instalaron aproximadamente el 35% de ellas con la justificación de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le negó al Instituto recursos adicionales para que se realizara tal instrumento.

Aún con un tercio de las casillas, hasta ahora el INE refiere que 16,431,395 (dieciséis millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos noventa y cinco) personas sí fueron a votar, de las cuales 15,095,209 (quince millones noventa y cinco mil doscientos nueve) refrendaron la confianza en Andrés Manuel López Obrador como Presidente. Sin embargo, NO se cumplió con el porcentaje mínimo requerido para que el proceso fuera obligatorio al obtenerse únicamente el 17.70% de participación ciudadana.

Es evidente que algo sucedió para que la revocación de mandato no cumpliera con la participación necesaria y no sólo podemos atribuirlo a la falta de casillas, sino también a la desinformación, la falta de límites claros y los turbulentos canales institucionales para ejercer este derecho que obstaculizan la aplicación de la ley y generan desconfianza hacia estos mecanismos democráticos.

Aun así, nos guste o no, ayer -10 de abril de 2022- se empezó a trazar un nuevo camino en la democracia mexicana y no podemos cegarnos ante su existencia, por lo que con todo lo narrado hasta aquí nos hace testigos de que hasta nuestros días nuestro sistema político sigue evolucionando, y se adapta a las exigencias del electorado.

Con este ejercicio -que podríamos tachar de piloto- nos enseña otra forma de cómo se construye la democracia y se perfila como un mecanismo alterno para influir en la toma de decisiones de la vida pública del país. Recordemos que nos ha costado, entre dimes y diretes, más de 200 años para ejercer un sufragio efectivo y que ahora nos corresponde a nosotras y nosotros participar activamente en moldear este nuevo instrumento conforme a los principios del ya consolidado sistema político mexicano.

Debemos poco a poco “diluir los temores, mantener cautela y disminuir el optimismo desbordado” en las siguientes ocasiones; pero lo primero que debemos hacer es replantear los elementos configurativos de la revocación de mandato, ajustar las leyes de la materia para seguir perfeccionándolo y garantizar su pleno acceso a todas y todos.

Adriana Macedo Pérez, actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se desempeñó como asesora jurídica en el Proceso Electoral 2020-2021 y en el Senado de la República; fungió como ayudante de investigación en el IIJ-UNAM; además de tener experiencia en litigio.

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