El 10 de abril acudí como millones de mexicanos a ejercer mi derecho a participar en la historia de nuestro país, es decir, un proceso donde avanzamos en la lucha democrática que inició en 1988 abanderados por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas.
Hoy la democracia participativa es una realidad que ha estado durmiendo en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Es decir, el poder nació en nosotros, el pueblo y se ejerce para nuestro beneficio, el de todos.
Si así debe de ser, entonces ¿qué tuvo que pasar para que el poder público se le arrebatara al pueblo y se convirtiera en un arma para mantener un esquema de riqueza y privilegios concentrados en una minoría?
Hoy lo que los mexicanos vemos es una enorme desigualdad, una pobreza incontenible, un enorme rezago educativo y una inseguridad alarmante. ¿Cómo creer que el poder público se instituye en beneficio del pueblo cuando miles de millones se desviaron en los gobiernos anteriores en programas y servicios públicos para enriquecer a funcionarios gubernamentales, proveedores del gobierno o peor aún al crimen organizado?
¿Cómo creer que el poder nace en nosotros y se instituye en nuestro beneficio si la opulencia con la que viven los fueron gobernantes contrasta con la lacerante miseria de sus exgobernados?
¿Cómo creer que el poder es en nuestro beneficio si la justicia se administró discrecionalmente y excluyó de responsabilidad dando impunidad a los que detentaron el poder, dejando a la gente en estado de indefensión frente a detenciones ilegales, represión y flagrantes violaciones a los derechos humanos?
¿Dónde queda la voluntad popular cuando los representantes se olvidan de su compromiso con el pueblo? Antes de la reforma constitucional que impulsó la Revocación de Mandato sabíamos que sólo teníamos derecho a participar en las decisiones del gobierno y ejercer la soberanía con un voto acotado a un reducido abanico de posibilidades en donde figuran sujetos con antecedentes y moral cuestionable.
Todo el tiempo se refiere a la conformidad que debe prevalecer en olvidar el poder público después de votar y conformarnos con ser testigos del lamentable abuso de poder de nuestros representantes sin poder hacer nada.
La realidad democrática mexicana se ha liberado para hacer realidad nuestro derecho a participar de forma activa y decidida para poder, de así determinarlo la mayoría, quitar a gobernantes que no cumplan con las expectativas de la ciudadanía, haciendo realidad la frase de “el pueblo pone y el pueblo quita”.
El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
Por lo mismo, la revocación de mandato es ahora un derecho político de las y los ciudadanos para solicitar y votar respecto a la continuidad del presidente en el poder.
Así, desde este 10 de abril, todas las y los ciudadanos del país podrán ejercer su derecho político acudiendo a las casillas a emitir su respuesta a la pregunta planteada con un sí o un no y retomar su derecho inalienable de decidir el rumbo de México.
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