“El Bronco” y su familia bajo la lupa de la justicia

Jaime Rodríguez Calderón El Bronco siempre ha sido una figura controversial. Desde que irrumpió en la escena política como candidato independiente para ser gobernador de Nuevo León, sus formas desenfadadas lo llevaron a ganar el estado y una vez en el poder, sus dichos y acciones lo siguieron manteniendo como una figura polémica.

En 2018 El Bronco buscó llegar a la Presidencia de la República repitiendo la fórmula que lo llevó al gobierno de Nuevo León: como candidato independiente y con propuestas construidas desde la polémica, pero hubo una gran diferencia. Ahora era un gobernador con licencia, por lo que aprovechó la situación para ayudarse a buscar la silla presidencial.

Y es que para lograr su candidatura, Rodríguez Calderón tuvo que recolectar al menos 866 mil 593 firmas, tal como lo marcaba la ley, y contar con el apoyo de al menos el 1% de los electores en 17 estados.

Pero para lograrlo, y de acuerdo con las autoridades de Nuevo León, echó mano de 572 funcionarios del gobierno estatal, utilizando también dinero del erario público. El caso fue conocido popularmente como las broncofirmas.

Aunque el mandatario estatal no ganó la presidencia del país, sí obtuvo un voto significativo. Y es que alcanzó el 5.23% de los votos emitidos en la elección del 2018, por encima del PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Panal y del Partido Encuentro Social (PES).

Rodríguez Calderón regresó a concluir su gobierno en Nuevo León en medio de nuevas polémicas que lo llevaron a una baja popularidad, por lo que el pasado 6 de junio, el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, -quien ya había sido diputado local y senador de la República- ganó el gobierno del estado.

Justo cuando fue legislador local, Samuel García presentó una denuncia en contra de la recolección ilegal de firmas realizada por los funcionarios del Bronco, por lo que una vez en el gobierno, el joven mandatario estatal llevó a cabo una de sus promesas de campaña: castigar a los exfuncionarios corruptos. Y se fue en contra de su antecesor, pero también del exgobernador interino, Manuel González, al acusarlos de “desviar recursos humanos” de Nuevo León con fines electorales.

El pasado 15 de marzo, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León arrestaron a Jaime Rodríguez Calderón, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control y de juicio oral de la entidad.

El exgobernador fue detenido a las afueras de un rancho en el municipio de General Terán y llevado al Penal 2 de Apodaca, en donde se encuentra hasta la fecha, luego de que un juez determinara que ameritaba prisión preventiva.

El próximo martes 12 de abril a las 9:00 de la mañana (hora local) El Bronco comparecerá ante un juez federal en una primera audiencia y en la cual se determinará si atrae o no la denuncia por el uso de recursos de procedencia ilícita.

Pero las autoridades estatales no solo están tras los pasos de El Bronco, sino también de su familia.

Aunque aún no hay una acusación formal en su contra, la esposa del exmandatario estatal, Adalina Dávalos Martínez, ha buscado la protección de la justicia para evitar ser detenida, sobre todo, luego de que las autoridades realizaron diversos cateos en las propiedades de su esposo.

Aunque ya había logrado que un juez le otorgara un amparo indefinido, el pasado 4 de abril un juzgado le negó el recurso legal.

María Teresa Martínez Galván, suegra de Rodríguez Calderón, había trabajado por 24 años en el gobierno de Nuevo León, pero con su yerno como gobernador, sus aspiraciones se volvieron más altas.

En septiembre de 2017 solicitó licencia a su cargo para buscar la alcaldía de Santa Catarina en las elecciones de julio de 2018. Como no ganó, regresó al servicio público en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como coordinadora.

El sueldo para ese puesto era de 28 mil 789 pesos, pero la suegra de El Bronco percibía un ingreso de 70 mil 236 pesos mensuales; lo que significa un 144% más de lo que percibía en 2017 con el mismo cargo.

Eso permitió que se le otorgara una pensión de 28 mil 622 pesos, de acuerdo con informaciones periodísticas y de organizaciones civiles, quienes interpusieron una denuncia contra Martínez Galván.

Por esta maniobra, el actual gobierno estatal tiene en la mira a María Teresa, quien al igual que su hija, ha buscado la protección de la justicia al solicitar amparos que la protejan de una orden de detención o de presentación, pero este miércoles 6 de abril, un juzgado de distrito en materia penal negó el amparo definitivo.

El actual gobierno de Nuevo León también tiene bajo la lupa a otros funcionarios de la administración de El Bronco.

Uno de ellos es el exsecretario de Gobierno y mandatario interino, Manuel González. Aunque no se conoce una carpeta de investigación en su contra, el gobernador Samuel García ha advertido que irá contra Manuel González -quien también ha buscado amparos pero le han sido negados- y contra los titulares de Salud (Manuel dela O Cavazos), Educación (María de los Ángeles Errisúriz) y Desarrollo Sustentable (Manuel Vital); quienes presuntamente habrían realizado negocios al amparo del poder.

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