Presencia militar y omisión municipal: dos facetas más de la crisis de las desapariciones en Guanajuato

A la fecha del 28 de marzo en Guanajuato se registraban 2 mil 660 personas desaparecidas, mientras que en todo México eran 98 mil 302. Detrás de ambas cifras hay miles de historias de vida y de búsqueda de sus familiares y de aquella parte de la sociedad que se ha ido solidarizando con ellas y ellos.

La dimensión de la crisis humanitaria, hecha de múltiples violencias y violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, así como de ataques sobre cuerpos, territorios y ámbitos de lo social, no ha parado de crecer en los últimos años.

Cada vez más nos podemos visualizar dentro de un contexto de micro y macro conflictos armados itinerantes, irregulares y regionalizados, no definibles como guerras tradicionales, pero que tampoco ya se pueden esconder detrás de la etiqueta simple de “lucha contra las drogas” o “el crimen organizado”.

Al contrario, estamos asistiendo a la difusión de grupos que, al estilo paramilitar y delincuencial, extorsionan y controlan poblaciones y recursos económicos de todo tipo, contando con ciertos márgenes de maniobra y zonas liberadas en colusión con autoridades. Giros que van del cobro de derecho de piso al lavado de dinero, de la extorsión al tráfico de hidrocarburos, de la esclavización y trata de personas al tráfico de armas, es decir asuntos que van más allá de las drogas ilegales.

Cabe tener en cuenta que las cifras oficiales de desapariciones sólo reflejan una parte del problema, debido al alto número de quienes no han denunciado una desaparición por distintos motivos, la llamada “cifra negra”, y por el desconocimiento enorme del fenómeno de las personas migrantes desaparecidas.

Ante la crisis de inseguridad de los últimos 5 años y la aparición más reciente de 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas y buscadoras en Guanajuato, los temas de la búsqueda humanitaria, de la atención a las víctimas y de la identificación forense, así como los fenómenos desgarradores de los homicidios dolosos, las fosas clandestinas y los sitios de exterminio, se han vuelto un poco más visibles y se pusieron, aun con reservas y límites, bajo cierto escrutinio público.

Sin embargo, hay dos aspectos que han quedado relativamente en la sombra dentro de lo que percibimos y estudiamos del contexto a nivel estatal y de la discusión pública: el factor militar y el factor municipal.

Por un lado, el patrón de militarización se refiere a la referencia a la realización de tareas de seguridad pública por parte de cuerpos militarizados, como la Guardia Nacional, o directamente por parte de las fuerzas armadas. Esto histórica y comparativamente en otras entidades y países ha conllevado problemas graves para la seguridad, la violencia y la propia calidad democrática.

Aunque no siempre ha sido posible establecer una relación directa entre la presencia de fuerzas militares en los territorios y el aumento de las violencias, en México la relación ha existido dependiendo de las dinámicas, de las poblaciones y recursos locales en que éstas llegan a intervenir y del tipo de operativos y control territorial que pretenden realizar.

En Guanajuato, había 1,049 efectivos de Sedena desplegados en 2019 y 3,919 en octubre de 2021, casi cuatro veces más en un par de años. Igualmente, la Guardia Nacional cuadriplicó su presencia de 2 mil 110 efectivos en julio de 2019, cuando fue creada, a 8 mil 210 en noviembre del año pasado, mientras que las policías civiles, estatales y municipales, sólo alcanzan los 10 mil 725 integrantes desplegados, o sea, menos que los de cuerpos militares.

Consideramos actualmente a la GN como un cuerpo de facto militar porque sus mandos, formación, procedencia de la gran mayoría de efectivos y lógicas operativas no son de policía civil.

La escalada de violencia en el estado, asimismo, se ha registrado paralelamente con el aumento de estos despliegues y operaciones.

Por otro lado, el nivel de gobierno que más se ha desentendido de la grave situación de las desapariciones ha sido el municipal, aun siendo el que, por su naturaleza, debería estar más cercano a la ciudadanía y a las problemáticas locales, incluyendo las desapariciones que siguen ocurriendo a diario y que, de no intervenir prontamente desde lo local, llegan a convertirse en permanentes ahondando la crisis.

Según la legislación federal y las leyes de Guanajuato en materia de desaparición, búsqueda y atención a víctimas, los tres niveles de gobierno y las autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen una serie de atribuciones y responsabilidades para con las desapariciones que, por tanto, se consideran como un tema transversal y complejo que requiere de coordinación a nivel nacional e internacional, así como del respeto pleno del derecho a la coparticipación de las víctimas, de sus organizaciones y de los grupos o personas acompañantes con interés legítimo.

Lamentablemente a la fecha han sido estos unos elementos desconocidos en la política municipal, o simplemente considerados asuntos que no son de su competencia. En este sentido los ayuntamientos parecen confundir el hecho de no tener competencia exclusiva sobre un asunto con el de no tener competencia por completo, y así se han acumulado muchos años de retrasos injustificables desde que las leyes fueron aprobadas e implicaran su participación.

Apenas desde noviembre de 2021, una parte de los ayuntamientos guanajuatenses comenzaron a firmar los convenios con la Comisión estatal de búsqueda de personas para crear las células o grupos de búsqueda municipal y, aun así, no ha involucrado en su formulación activamente a las víctimas y colectivos qua ya cuentan con años de experiencia en el territorio y pueden coadyuvar en la búsqueda, o bien, en aspectos de inteligencia barrial y comunitaria que hacen red. Se trata tan solo de un botón de muestra, pues son muchos más los aspectos en que el nivel local debe de involucrarse y en que puede, incluso, mejorar los derechos mínimos garantizados a las personas y relacionados con las desapariciones, búsquedas y atención a víctimas (los hemos trabajado en la Ibero a partir del libro “Propuestas para León 2021″)

Lo anterior se corrobora a partir de 9 peticiones realizadas en noviembre de 2021 vía Unidad de Transparencia a otros tantos municipios que cuentan con cifras altas de desapariciones y/o fosas clandestinas: León, Celaya, Irapuato, Silao, Salamanca, Pénjamo, Salvatierra, Acámbaro, Guanajuato. Las preguntas solicitaban información con base en las atribuciones establecidas por la Ley de Búsqueda Estatal y vertían sobre sobre sus células municipales, que a la fecha no han sido implementadas en ningún lado; sobre sus panteones municipales, de los que en ocasiones no se comparten datos o registros útiles para la búsqueda de larga data; sobre sus oficinas o funcionarios municipales encargados de la atención a víctimas, que en general son simplemente “canalizadas” por personas no especializadas; entre otras funciones que deben de desempeñar y que, en cambio, no han sido atendidas. En algunas respuestas los municipios declararon incluso no ser competentes, o bien, en todas afirmaron no contar con los grupos de búsqueda o con información sobre capacitaciones, panteones u otras actividades previstas por la Ley.

Los hallazgos vienen a confirmar la información recolectada en 2020 durante otra investigación sobre los mismos tópicos y las obligaciones de ley para los municipios que, en este tiempo, pese al cambio de administraciones y a los señalamientos de los colectivos en todo 2021, no han volteado su mirada de manera coordenada y realmente colaborativa hacia las personas desaparecidas y sus familias dentro de sus territorios y ámbitos de competencia, más allá de algunas reuniones, invitaciones formales a presenciar actos, o apoyos puntuales, asistenciales o de emergencia a parte de las víctimas y organizaciones.

*Fabrizio Lorusso es académico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana Campus León e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

SEGUIR LEYENDO: