Dictadura criminal en Michoacán: la delgada línea entre la violencia, la improvisación política y las fallas del sistema penal

La noche del domingo pasado un grupo de entre diez y quince integrantes de la Familia Michoacana llegaron al rancho El Paraíso en Zinapécuaro, Michoacán, donde varios hombres se habían reunido desde la tarde en un palenque clandestino para presenciar batallas de gallos. Los agresores, vestidos como si fueran militares, llegaron escondidos en un camión distribuidor de papas Sabritas, cual Caballo de Troya versión michoacana, y apenas atravesaron la entrada del recinto asesinaron con sus armas conocidas como cuernos de chivo a una veintena de personas.

Su objetivo principal era un cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Casi todos los muertos pertenecían al cártel de las cuatro letras, aunque entre las víctimas también hubo algunos galleros, de acuerdo con información de fuentes locales. Zinapécuaro fue el último capítulo de una serie de hechos violentos que en los últimos cuatro meses no han hecho otra cosa que aumentar drásticamente las cifras de muertos en Michoacán: desde noviembre del 2021 a la fecha han sido asesinados dos periodistas, dos alcaldes y 48 personas en tres masacres.

La violencia que se vive en Michoacán, y en buena parte del país, se debe, por supuesto, al crimen organizado, pero también a las autoridades y su falta de liderazgo, así como también a un sector de la sociedad. Javier Ulises Oliva Posada, profesor investigador a tiempo completo en la UNAM, fue categórico al respecto y afirmó que por un lado están los nuevos gobiernos estatales, llegados al poder apenas el pasado 6 de junio, quienes sin tener una idea clara de qué es lo quieren hacer en materia de seguridad pública, y ante una debilidad estructural en las policías locales, prefieren optar por la improvisación.

“Ahí están las declaraciones de David Monreal en Zacatecas —el gobernador pidió “encomendarse a dios” después de que aparecieran 10 cuerpos en una camioneta abandonada frente al Palacio de Gobierno—, o el caso de Alfonso Durazo, todavía más polémico, porque venía de ser el secretario de seguridad cuando un grupo de delincuentes tomaron el municipio de Caborca por más de 6 horas, y así también el caso de Colima con la gobernadora (Indira Vizcaíno) que incluso planteó la posibilidad de pedir licencia a su cargo tras 10 días consecutivos de balaceras en el estado”, explicó a Infobae.

Este cóctel de improvisación y falta de profesionalismo es aprovechado por los grupos criminales para ampliar sus áreas de influencia o mantenerlas mediante la violencia. En el caso específico de Michoacán, las huellas del narcotráfico pueden rastrearse hasta 40 años atrás, pero para el experto en seguridad nacional, uno de los errores más graves se remonta al sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando él y su secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, decidieron tolerar a los grupos de autodefensa. “Le dieron entrada a grupos irregulares y armados que hoy vemos que están indistintamente de un lado o de otro. Extorsionan a productores de aguacate, de limón y abarcan zonas productoras de droga”, mencionó Oliva Posada.

Pero la situación en Michoacán, que también sirve como reflejo de otras entidades de la República, no solo se le debe atribuir a los políticos o a estos grupos armados. Para el experto, el contexto social es un tercer factor igual de importante que explica el actual clima de violencia. La matanza de Zinapécuaro ocurrió en un palenque ilegal sin ningún tipo de registro. Desde hace años este tipo de eventos coexisten con la delincuencia organizada. El 21 de noviembre de 2021, en Zitácuaro, un comando armado irrumpió en un palenque de la comunidad de La Gironda y mató a cuatro asistentes y dejó heridos a 11 más. En mayo de 2017, otro espectáculo similar en el municipio de Lázaro Cárdenas fue el escenario de un enfrentamiento entre civiles armados.

“Las prácticas de ilegalidad en distintos encuentros de la sociedad explican una parte del clima de violencia que se viene presentando de forma endémica. Hay que recordar que en estas zonas serranas, alejadas de los centros urbanos, se pueden dar con mayor facilidad estas disputas por el control del territorio. No solo es el tráfico de drogas, también es la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, los asesinatos de periodistas y de líderes ambientalistas. Actúan como si fuera una especie de dictadura criminal”, aseguró el académico.

El pasado 8 de febrero, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional recuperaron el municipio de Aguililla después de más de nueve meses en los que estuvo establecido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El padre Gilberto Vergara dijo a Infobae que nunca habían visto una presencia tan fuerte de las fuerzas armadas. Eran al menos 60 patrullas las que habían tomado la cabecera municipal. Sin embargo, poco durarían las expectativas porque tan solo un mes después fue asesinado el alcalde del municipio, César Arturo Valencia, muy cerca de la bodega del Palacio Municipal de Aguililla.

Esta paradoja del despliegue de fuerzas militares sin contención de la violencia, según el experto, no solo tiene que ver con un tema de improvisación de las decisiones sino también con un tema presupuestal —Morena, el partido al que pertenece el presidente mexicano, cortó un tercio del presupuesto asignado a la seguridad municipal— y de limitaciones en el marco legal. “Es incuestionable la porosidad del sistema penal acusatorio, conocido de manera irónica como la ‘puerta giratoria’ —los delincuentes tardan más en entrar que en salir—, ya que debido a estas limitaciones los criminales pueden actuar con toda impunidad. Saben que una vez presentados ante la autoridad tienen muy poca posibilidad de ser procesados. Esta situación ha ido llevando, con el paso de los años y las décadas, a un debilitamiento del tamaño como el que estamos viviendo”.

Para el investigador, la estrategia del presidente López Obrador de atacar las causas y no los efectos directamente es correcta, pero no suficiente. De manera simultánea se debe reestablecer el tejido social y aplicar la ley, sancionando a los delincuentes y conduciéndolos ante las autoridades. “Indudablemente se requiere de mano dura. Para eso se creo la Guardia Nacional. Nadie está hablando de violaciones a Derechos Humanos ni actos de arbitrariedad. No solo se trata de un asunto de fuerza y sometimiento, pero sí se necesita una presentación más consistente del Estado Mexicano para poder hacerle frente a la situación que se vive en Michoacán y el país en general”.

Sin un reajuste serio y una revisión a fondo es probable que escenarios como el de Zinapécuaro se sigan reproduciendo en Michoacán y en otras regiones conflictivas de México, vaticinó Oliva Posada, pero también se requiere de compromisos más fuertes por parte de la sociedad. “No debemos aceptar ni tolerar las prácticas criminales como si fueran algo loable. No difundamos la música grupera que hace apología de la violencia de género, del delito y el tráfico de drogas. Queremos que el gobierno y las autoridades hagan todo, pero nosotros como ciudadanos tenemos también mucha responsabilidad en lo que está pasando”.

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