El pasado martes, 29 de marzo de 2022, la organización de los 12 Pueblos Originarios de Tecámac, publicó un comunicado por el que se da a conocer que los activistas y periodistas del diario “El Universal”, se encontraban realizando trabajo de documentación sobre las afectaciones ambientales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuando fueron intimidados en el cerro de Chiconautla, Tecámac.
“Nos encontrábamos haciendo un recorrido con periodistas del Diario Universal [...] para documentar los impactos y afectaciones que ha tenido la actividad extractiva en los pueblos originarios de Tecámac por la construcción del AIFA y lo que serán sus obras asociadas con la extracción de tepetate y material de construcción”
Reza el comunicado.
Los 12 pueblos de Tecámac denunciaron que los anteriores hechos tuvieron lugar “en un ambiente de creciente tensión” ante el que se posicionaron el pasado 21 de marzo, mismo día en que se llevó a cabo la inauguración del AIFA, cuando, de igual forma, publicaron en sus redes sociales un comunicado en contra del nuevo aeropuerto.
“Amenaza [la actividad extractiva] con nuestros medios y formas de vida como pueblos y descansa en la impunidad y colusión de todos los niveles del Estado, que permiten que un proyecto se legitime violando su propia normatividad, de por sí, negligente, como es la Manifestación del Impacto Ambiental del proyecto Aeroportuario”
De esta forma, aseguran que durante el proceso de documentación y entrevistas, una camioneta interrumpió la grabación descendiendo de ella cuatro hombres con los rostros cubiertos: dos armados, uno de arma corta y otro, policía estatal, con arma de uso exclusivo del ejército.
Además, los interceptaron violentamente, los obligaron a retirarse del lugar y con amenazas les exigieron que borraran las grabaciones y fotografías que habían capturado.
La organización también hizo referencia a que ya han denunciado con anterioridad las omisiones por incendios provocados en el cerro Tecalco-Chiconautla, primero el 11 de febrero de 2022 a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y luego a la Contraloría del Gobierno del Estado de México. Ninguna procedió.
En su lugar, el 27 de marzo, tuvo lugar otro incendio provocado “intencionalmente” y según el comunicado, a modo de “una clara muestra de los hostigamientos a las prácticas y saberes de organización comunitaria y de autonomía”.
Al final, responsabilizaron al gobierno municipal de Tecámac encabezado por Mariela Gutiérrez Escalante y al gobierno federal, por la intimidación y las agresiones a los presentes,
Según la versión de los periodistas, los agresores infundieron violencia física contra uno de los activistas y los amenazaron con “prenderlos con un cerillo” para que ardieran ahí mismo, agregándole que uno de los hombres disparó al aire.
El día de hoy 30 de marzo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS EDOMEX) informó a través de su cuenta de Twitter que ya se encuentra realizando las indagatorias necesarias para descartar la probable participación de un elemento de la Policía Estatal durante la agresión, como lo afirma la versión, tanto de los periodistas, como la de los 12 Pueblos de Tecámac.
Garantizó que de confirmarse la probable vinculación, se “actuará con los recursos legales y administrativos pertinentes”. Sin embargo, hasta el momento, Alfredo del Mazo Maza, gobernador de la entidad no ha emitido declaración al respecto.
Esta representa una agresión más a activistas del medio ambiente y periodistas, de quienes en los últimos meses se han registrado asesinatos, ataques e intimidaciones y ante los cuales han protestado integrantes del gremio, defensores de derechos humanos, además de la sociedad civil.
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