Con una votación de 39 expresiones a favor, 52 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Senado de la República rechazó el punto de acuerdo en el que se plantea la comparecencia de los responsables de las obras de construcción del Tren Maya, uno de los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La tarde de este miércoles 30 de marzo, la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y casi todos sus aliados parlamentarios (PES, PVEM y PT) se impusieron ante una oposición que no pudo hacer que Rogelio Jiménez Pons, ex responsable del Tren Maya, y Javier May Rodríguez, el nuevo encargado, acudan a la Cámara de Senadores para explicar diversas anomalías que a ojos de las bancadas detractoras de la 4T deben de explicar.
La historia de este punto de acuerdo atiende a la exigencia de Xóchitl Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), para que Jiménez Pons y May Rodríguez abunden sobre la tala, remoción y trasplante innecesarios de más de 20 mil árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307 Cancún-Tulum, además de otros daños al medio ambiente en la región.
Gálvez Ruiz señaló que el entonces titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue quien autorizó esta medida para la construcción de un tramo en megaproyecto el que habría sufrido de cambios en la planeación, por lo que tiene la responsabilidad de explicar esa y otras medidas de impacto medioambiental.
Además de hacer una revisión a la metodología de la planeación y construcción de la obra con visión ecologista, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República solicitó que se informe sobre qué personas físicas o morales fueron contratadas para llevar a cabo la tala o la remoción y trasplante, lo cual se llevó a cabo durante la nueva dirección del Fonatur con Javier May.
Asimismo, exigió que se exponga el sustento técnico para adoptar esta decisión y especificar en qué fechas se llevó a cabo la modificación. Esta exigencia es congruente con las actividades de Xóchitl Gálvez en relación al Tren Maya, pues en días anteriores, la senadora presentó las denuncias correspondientes por este tema ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Respecto a este incidente, la legisladora resaltó que la remoción de los 20 mil árboles no fue autorizada por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de noviembre de 2020 sobre el proyecto de construcción del Tren Maya ni contemplada como pérdida forestal, o al menos el Fonatur no la tiene publicada en su portal, por lo que la comparecencia atiende a esta incongruencia entre las acciones implementadas con las que se realizaron.
Los servicios de remoción no debieron haberse contratado ni pagado si no se contaba con la MIA, como lo establecen la Ley de Obras Públicas y la Ley General del Equilibrio Ecológico. Aunado a ello, lamentó que de los 20 mil árboles, sólo 307 fueron rescatados y trasplantados en diversos lugares de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.
Gálvez Ruiz recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona como desvío de recursos cuando se utilicen sin fundamento jurídico o en violación de leyes aplicables.
Mientras que el artículo 214 del Código Penal Federal castiga hasta con prisión de dos a siete años el daño a los lugares que un servidor público tenga a su cuidado, y el artículo 418 sanciona con prisión de seis meses a nueve años a quien ilícitamente corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles.
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