En medio de acusaciones de intento de “fast-track”, diputados comenzaron la discusión de la reforma eléctrica

En medio de los reclamos de la oposición, la Cámara de Diputados comenzó la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque se se espera que pase al pleno en abril,  aún no se tendría una fecha fija, al menos así lo aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo.

“La información de prensa no es una información oficial. Hay una fecha de inicio del proceso de la etapa de discusión, que es el día de hoy; que se pretende dictaminar y aprobar en el mes de abril, aunque no hay una fecha precisa para ir al pleno”, afirmó el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),  durante una rueda de prensa.

Esto, luego de que trascendiera a medios que dicha iniciativa sería votada el próximo 13 de abril, en pleno periodo de la Semana Santa, lo que ocasionó críticas por parte de la oposición.

El legislador morenista negó que exista la intención de aprobar la reforma eléctrica en fast-track.

“La iniciativa del presidente, que es la que motiva este proceso, tiene ya seis meses de presentada (ante el Legislativo), no puede ser apresurada, no puede haber premura, no puede haber ninguna objeción en cuanto al tiempo si tiene seis meses. Y para trabajar el Legislativo, pues cualquier día puede ser habilitado y cualquier día es posible”, dijo.

Robledo señaló que a partir de que las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales se instalen en sesión permanente para la próxima semana, todos los grupos parlamentarios podrán emitir sus consideraciones sobre la propuesta.

“Todos los grupos parlamentarios podrán aportar, podrán discutir, podrán objetar cualquier aspecto de un proyecto de dictamen que se hará llegar”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, enfatizó que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene garantías para las inversiones de los particulares ya presentes en el sector eléctrico.

Y es que la polémica iniciativa de reforma del presidente López Obrador busca limitar al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusada de utilizar plantas contaminantes y obsoletas.

Los diputados de oposición criticaron la premura en la que se pretende debatir y analizar esta reforma constitucional.

Para poder concretar la reforma, el gobierno federal necesita la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (333 legisladores). Sin embargo, Morena perdió esta mayoría luego de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, ya que sumando sus votos con los de sus aliados (PT y Partido Verde) solo suman 277, por lo que necesita convencer a por lo menos 57 diputados de la oposición.

Antes de ser debatida en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo durante semanas un Parlamento Abierto en la Cámara Baja con políticos, analistas y representantes del sector para evaluar la propuesta de reforma.

Durante la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos que se instaló en la Cámara de Diputados, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió que la reforma eléctrica respete los acuerdos y contratos que ya existen.

“Que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho con las leyes que existían pues han invertido, porque si no hay confianza no va a haber inversión y necesitamos inversión. Necesitamos inversión en el sureste, necesitamos inversión en Coahuila, en los lugares donde hay tanta energía solar”, afirmó.

Al respecto, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, aseguró que “las inversiones de quienes ya están presentes en la industria eléctrica están garantizadas”.

Además pidió tranquilidad a Salazar pues, dijo, “las inversiones nacionales y extranjeras privadas que están presentes, y las futuras, tendrán todas las garantías para poder seguir presentes en México”.

En el mismo tono, Robledo precisó que “todo el contenido y alcance legal de los contratos y de los permisos será respetado. Así está planteado en la iniciativa del presidente”.

Con información de EFE

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