La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre “la normalización y profundización de la violencia en contra de los periodistas en México”.

A través de un comunicado de prensa, la CIDH urgió a las autoridades a tomar medidas para salvaguardar la vida de los comunicadores, además de luchar contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.

De enero a lo que va de marzo de este 2022, se han registrado el asesinato de 8 periodistas mexicanos. José Luis Gamboa, Margarito Esquivel Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares son los nombres de las y los comunicadores a los que se les ha arrebato la vida durante los pocos meses que han transcurrido.

De acuerdo con el comunicado, la Rectoría ha recibido información sobre recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales. Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido fuertemente criticado por los diversos enfrentamientos con periodistas entre los que figuran: Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga y Azucena Uresti.

“La Relatoría observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”, se lee en el comunicado.

Asimismo, reconoció el valor a los esfuerzos emprendidos por el Estado, entre los cuales las autoridades han destacado el plan de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

No obstante, hizo un llamado a las autoridades a distinguir, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.

“La Relatoría observa fragilidad en las garantías a la libertad de expresión en México y recuerda al Estado que quienes ostentan posiciones de liderazgo público están llamados a mantener un discurso favorable a la deliberación pública, y a abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas”, indica el documento.

José Luis Gamboa Arenas fue atacado a puñaladas en un presunto asalto dentro del fraccionamiento Floresta, en Veracruz, el pasado 10 de enero.

Margarito Esquivel Martínez fue asesinado a las afueras de su domicilio en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, Baja California, una semana después del homicidio de Gamboa Arenas.

Sólo siete días después del descenso de Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado fue atacada a tiros al momento en que llegaba a su domicilio en Baja California.

En el último día de enero, Roberto Toledo, fue sorprendido afuera de un despacho jurídico donde también laboraba.

Heber López fue asesinado al momento de llegar a una vivienda en el Barrio El Espinal, perteneciente a Salina Cruz, Oaxaca.

El 24 de febrero fue asesinado Jorge Camero Zazueta, quien se desempeñaba como director del portal El Informativo, al recibir por lo menos tres disparos de arma de fuego.

Juan Carlos Muñiz fue asesinado dentro del fraccionamiento Los Olivos, en Fresnillo, Zacatecas.

Armando Linares fue asesinado en Zitácuaro, Michoacán el pasado 15 de marzo.

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